Más de veintiséis años de chavismo han marcado la psique política venezolana. No solo por el colapso económico, el desmantelamiento institucional o el éxodo de más de ocho millones de ciudadanos. El daño más profundo es de otra naturaleza: el chavismo produjo un trauma político que hoy distorsiona la capacidad de millones de venezolanos para evaluar proyectos políticos con criterios genuinamente democráticos.

La pregunta que debemos hacernos con honestidad es incómoda: ¿aprendimos a defender la democracia, o simplemente aprendimos a odiar a la izquierda?

Para entender el fenómeno, es necesario partir de una premisa que muchos en la oposición venezolana todavía se resisten a aceptar: el chavismo nunca fue, en rigor, un proyecto de izquierda progresista.

El régimen se vistió con la simbología revolucionaria latinoamericana el antiimperialismo, el socialismo del siglo XXI, pero esa indumentaria discursiva nunca se tradujo en una agenda transformadora de carácter progresista. En Venezuela jamás se avanzó seriamente en la llamada Agenda 2030 ni en ningún programa equiparable.

Los derechos reproductivos permanecieron restringidos. La agenda LGBTQ+ fue ignorada o activamente boicoteada. Las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual fueron cooptadas o marginadas. El régimen construyó alianzas orgánicas con sectores religiosos conservadores que terminaron ejerciendo una influencia determinante en la política pública.

El chavismo no fue de izquierda por el hecho de haberlo proclamado. Fue, fundamentalmente, un proyecto de concentración de poder, clientelismo, militarismo y destrucción institucional. Arroparse con los símbolos de la izquierda histórica no lo hace heredero de sus valores, del mismo modo en que ningún régimen se hace democrático por el simple hecho de celebrar elecciones.

Esta distinción no es un tecnicismo académico. Es políticamente crucial. Porque si el trauma que dejó el chavismo nos lleva a rechazar indiscriminadamente toda la tradición de pensamiento de izquierda, incluyendo sus corrientes democráticas, sus aportes en materia de derechos sociales y su papel histórico en la construcción de Estados de bienestar, entonces el régimen habrá logrado, paradójicamente, uno de sus mayores efectos ideológicos: vaciar el debate político venezolano de toda su complejidad.

Resulta alarmante observar cómo amplios sectores de la oposición venezolana incluyendo figuras que han dedicado décadas a denunciar el autoritarismo de Maduro y de Chávez, han desarrollado una adhesión hacia líderes y movimientos que comparten un único denominador común con sus expectativas: declararse enemigos de la izquierda.

Así se explica el entusiasmo de muchos venezolanos opositores por Donald Trump, Javier Milei, Viktor Orbán, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele o el movimiento VOX en España. Se trata de figuras y proyectos radicalmente distintos entre sí en muchos aspectos, pero todos comparten rasgos que deberían encender alarmas en cualquier persona que dice haber sufrido y combatido el autoritarismo: la erosión de contrapesos institucionales, el culto a la figura del líder, el desprecio por las minorías, la retórica de emergencia nacional que justifica la concentración de poder, y una relación instrumental con el Estado de derecho.

El criterio de evaluación que aplican muchos de estos venezolanos no es democrático. Es identitario. No se preguntan: ¿respeta este líder la separación de poderes? ¿Reconoce los derechos de quienes piensan distinto? ¿Acepta límites a su autoridad? La única pregunta que parece importar es: ¿está contra la izquierda?

Ese es, exactamente, el tipo de razonamiento que permite que los autoritarismos prosperen. Y es el mismo razonamiento que permitió que el chavismo consolidara su base inicial de apoyo entre quienes, legítimamente hartos del bipartidismo venezolano de los noventa, aceptaron a Chávez sin preguntarse demasiado por sus límites.

Una persona verdaderamente comprometida con la democracia no puede aplicar distintos raseros según el color ideológico de quien ostenta el poder. La democracia no consiste en defender las instituciones cuando el gobierno es de izquierda y destruirlas cuando es de derecha, ni viceversa. Consiste en defender las instituciones siempre.

Ello implica evaluar cualquier proyecto político con los mismos criterios fundamentales: respeto irrestricto por la Constitución, separación efectiva de poderes, independencia judicial, libertad de prensa, protección de los derechos humanos para todos y reconocimiento genuino del pluralismo.

Desde esa perspectiva, apoyar a un líder que se presenta como outsider del sistema político, que promete desmantelar el Estado, que convierte la institucionalidad en un obstáculo a eliminar, no es una alternativa democrática al chavismo. Es su espejo en otro color.

El hecho de que ese líder prometa combatir al socialismo no lo hace defensor de la libertad. El autoritarismo no pierde su naturaleza por cambiar de bando.

Si algo debiera habernos enseñado más de dos décadas y media de régimen chavista, es la capacidad destructiva de cualquier proyecto político que subordina el Estado a su voluntad, que elimina los contrapesos, que persigue la disidencia y que convierte la lealtad ideológica en el único criterio de acceso a los derechos.

Esa lección no tiene ideología. Es transversal. Y precisamente por eso, los venezolanos que hemos vivido ese proceso tenemos una responsabilidad especial: no podemos permitir que nuestro legítimo y comprensible rechazo al chavismo se convierta en un cheque en blanco para cualquier fuerza que declare guerra a la izquierda, sin importar sus métodos ni sus valores.

La reconstrucción democrática de Venezuela y la contribución que los venezolanos podamos hacer a los debates políticos de la región depende de que seamos capaces de superar ese trauma y recuperar una brújula política que no señale simplemente hacia “el enemigo del enemigo”, sino hacia los valores que hacen posible una convivencia libre y plural.

La democracia solo tendrá sentido real cuando se convierta en un principio irrenunciable. No una herramienta. No un argumento de conveniencia. Un principio. Incluso cuando quienes lo cuestionan dicen estar de nuestro lado.

Guillermo Miguelena P.




El Instituto Progresista no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.

Hay una conversación que Venezuela lleva años aplazando. No precisamente es la conversación sobre quién ganó las elecciones ni la de quién tiene razón en el conflicto político, porque esa ya la estamos teniendo, a gritos, desde hace décadas. La que falta es otra, más incómoda y más necesaria: ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos que queremos reconciliarnos? Y la razón por la que nadie termina de responderla bien no es que la pregunta sea difícil, sino que dependiendo de quién la formule, la respuesta cambia completamente.

Para un sector importante del país, reconciliación suena a olvido conveniente, a un proceso diseñado para pedirle a las víctimas que normalicen lo que vivieron y a los opositores que acepten como punto de partida una derrota que no reconocen como legítima. Para otro, es la única salida posible de un país que ya no aguanta más ciclos de confrontación sin horizonte y debe ser de golpe, sin mirar ni reconocer las consecuencias del conflicto político; un borrón y cuenta nueva. Y para una parte importante del chavismo, es el término que permite avanzar en una conversación política sin que eso parezca una rendición ni una transición impuesta desde afuera. Tres lecturas distintas del mismo término, ninguna completamente equivocada, ninguna completamente suficiente, y entre las tres un pantano semántico que lleva años impidiendo que la conversación real pueda comenzar.

Esa confusión no es un detalle de forma. Es el primer problema político del proceso, y lo es porque cuando las palabras no significan lo mismo para quienes las usan, los acuerdos que se construyen sobre ellas son frágiles por diseño. Venezuela ha pasado por múltiples procesos de negociación, algunos públicos y ampliamente conocidos, otros sostenidos en privado lejos de cualquier caja de resonancia social, y en casi todos ellos el patrón ha sido el mismo: las élites se sientan, conversan en un lenguaje que cada parte interpreta a su favor y todo esto rara vez se convierte en una ruta de acción conjunta para el país. No necesariamente porque alguien lo traicione de forma deliberada, aunque eso también ha ocurrido, sino porque los acuerdos entre cúpulas tienen una limitación estructural que no se resuelve con mejor voluntad: no tienen raíces en la vida real de las personas que supuestamente representan, y por eso se sostienen únicamente mientras las circunstancias que los produjeron permanecen inalteradas. En cuanto algo cambia en el equilibrio de poder, el acuerdo se evapora como si nunca hubiera existido.

Entonces, antes de hablar de procesos y mecanismos, vale la pena detenerse en lo que la reconciliación no es, porque en ese despeje está buena parte del trabajo conceptual que Venezuela todavía tiene pendiente.

Reconciliación no es amnistía automática ni administración del olvido colectivo. No le pide a quienes vivieron la represión que normalicen lo que sufrieron ni a quienes perdieron personas que archiven su dolor en nombre de una estabilidad política que ellos no diseñaron. Y tampoco es, aunque esta confusión sea la más frecuente y la más peligrosa, un gran pacto entre actores de poder donde los que llevan años protagonizando el conflicto se ponen de acuerdo sobre sus propias condiciones y el resto del país simplemente acata el resultado. Ese modelo de reconciliación, vertical y autorreferencial, no produce paz duradera. Produce una pausa en el conflicto que dura exactamente lo que dura el interés de quienes lo firmaron, y cuando ese interés se agota, el conflicto regresa con la memoria intacta de todo lo que no se resolvió.

Lo que sí implica la reconciliación, cuando se toma en serio y no como ejercicio retórico, es algo considerablemente más difícil y más valioso. Implica un proceso donde la verdad sobre lo que ocurrió se establece sin selectividad conveniente, donde existe alguna forma de justicia que no sea ni impunidad para los responsables ni revancha para los afectados, donde las personas que fueron dañadas reciben un reconocimiento real de ese daño y no solo una mención en un comunicado, y donde se construyen las condiciones institucionales concretas para que lo que pasó no encuentre el camino libre para repetirse. Estas cuatro dimensiones son procesos reconocidos internacionalmente como: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, entiendo que estas no son etapas que se recorren en secuencia ordenada, como si fuera posible cerrar una antes de abrir la siguiente. Son hilos que tienen que estar presentes al mismo tiempo, porque un proceso que produce verdad sin justicia genera frustración acumulada, uno que promete justicia sin reparación abandona a las víctimas exactamente a mitad del camino, y cualquiera que no trabaje activamente en garantías de no repetición está, en el mejor de los casos, aplazando el próximo ciclo de conflicto sin haberlo procesado realmente.

El principio que mejor captura todo esto en pocas palabras, y que ha comenzado a circular en algunos espacios de trabajo político dentro de Venezuela, es uno que ninguna de las partes puede rechazar abiertamente sin quedar mal frente a cualquier audiencia: ni impunidad ni revancha. Cuatro palabras que, si se toman en serio y no como fórmula de saludo, resultan ser más exigentes que cualquier proceso que este país haya intentado hasta ahora.

Hay quienes interpretan que hablar de reconciliación en vez de transición es aceptar menos de lo que se merece, suavizar la exigencia política en nombre de un pragmatismo que termina sirviendo al statu quo. La intuición es comprensible dado el contexto, pero está invertida. Una transición puede ocurrir perfectamente como un negocio entre cúpulas, como una rotación de élites que actualiza los nombres en los cargos mientras mantiene intactas las estructuras profundas del sistema. México vivió décadas bajo esa lógica con el PRI, en una apertura gradual y controlada que tardó un cuarto de siglo en producir algo parecido a una alternancia real pero nunca una reconciliación profunda, y que dejó intactas las redes de corrupción e impunidad que definían el régimen. Esto es algo que Venezuela no puede permitirse; mientras la solución política no pase por un proceso de verdad, reconocimiento, reparación, justicia y garantías de no repetición, se puede perder el acervo histórico y memorial de las víctimas, y la política moverá la agenda pública hasta el punto de invisibilizar a quienes más han sufrido. Una transición puede ser, en su peor versión, exactamente el pacto de élites sin raíces sociales que Venezuela no puede darse el lujo de repetir porque ya sabe adónde lleva.

La reconciliación genuina, en cambio, no tiene esa salida cómoda disponible. Requiere que el Estado reconozca el daño que causó, que existan espacios seguros donde las personas que sufrieron puedan decir lo que vivieron sin ser re-victimizadas por el mismo sistema que las dañó, que las reformas institucionales sean verificables y no simplemente decorativas, y que el proceso no esté dirigido exclusivamente por los mismos actores que protagonizaron el conflicto sino que incluya, de forma real y no simbólica, a quienes lo padecieron. Todo eso es más difícil, considerablemente más difícil, y esa dificultad es exactamente su valor, porque los procesos fáciles en contextos como el venezolano casi siempre significan que alguien está absorbiendo el costo que otro no quiso asumir.

Nada de esto significa que la reconciliación sea una alternativa a la democracia ni un sustituto de los procesos electorales. Al contrario: un proceso genuino de reconciliación es lo que hace posible que las elecciones dejen de ser una guerra y empiecen a ser lo que deben ser, el mecanismo mediante el cual una sociedad dirime sus diferencias sin que el resultado signifique la destrucción del que pierde. Venezuela necesita con urgencia un calendario electoral con garantías reales para todos los participantes, condiciones de competencia que no estén diseñadas para producir un resultado predeterminado, y un árbitro en quien ninguna de las partes tenga razones fundadas para desconfiar. Pero llegar a unas elecciones así sin haber construido antes un mínimo de reconocimiento mutuo entre los actores políticos es apostar a que el proceso electoral resuelva solo lo que el conflicto político dejó irresoluble durante décadas, y esa apuesta Venezuela ya la hizo varias veces con resultados que todos conocemos. La reconciliación no reemplaza las elecciones ni las posterga indefinidamente. Las hace posibles de verdad, porque crea las condiciones para que quien gane pueda gobernar y quien pierda pueda seguir siendo un actor legítimo dentro del sistema, sin que ninguno de los dos tenga que percibir el resultado como una amenaza existencial para su supervivencia política.

¿Tiene Venezuela hoy las condiciones para comenzar un proceso así? La respuesta honesta es que parcialmente sí, aunque insuficiente todavía.

Existen iniciativas desde el gobierno nacional que apuntan en esa dirección y que sería intelectualmente deshonesto ignorar. Hay espacios de diálogo instalados, una conversación sobre reforma a la justicia que reconoce públicamente déficits estructurales, gestos tímidos pero reales hacia una apertura del sistema político. El punto de partida existe. El problema es que esas iniciativas llevan encima un peso que hasta ahora no han logrado sacudirse: están demasiado pegadas a las paredes de Miraflores y demasiado cerca de las figuras centrales del chavismo como para generar confianza más allá de sus propias filas, y un proceso de reconciliación que se percibe como proyecto del gobierno, aunque tenga genuinas buenas intenciones detrás, hereda automáticamente toda la desconfianza acumulada hacia ese gobierno. En Venezuela esa desconfianza no es un estado de ánimo pasajero que se resuelve con un buen comunicado sino que es una respuesta racional construida a lo largo de años, y tratarla como si fuera irracional o manipulada es uno de los errores más frecuentes y más costosos que cometen quienes diseñan estos procesos desde adentro del poder.

A esto se suma un problema comunicacional que el proceso no ha sabido resolver y que está erosionando lo poco que se ha construido. La distancia entre lo que ocurre en las mesas y lo que la gente percibe que ocurre es enorme, y esa brecha no la están llenando los propios actores del proceso sino la desconfianza y la especulación. La promesa de liberación de presos políticos sigue siendo la herida más visible: sin un mecanismo claro, creíble e independiente de revisión de casos, ese compromiso flota sin ancla y cada vez que no se cumple erosiona más profundamente la credibilidad del proceso entero, no solo del gobierno. Hay también algo más sutil pero igualmente importante que se está perdiendo: en estos meses el gobierno ha reconocido públicamente hechos y responsabilidades que, en otros contextos y con otro acompañamiento, habrían sido el punto de partida natural para gestos concretos de reparación y memoria. Esas ventanas no se han aprovechado, y el costo de no aprovecharlas es alto porque las aperturas de confianza no permanecen abiertas indefinidamente. Se cierran. Y reabrirlas siempre cuesta más que haber entrado cuando estaban disponibles.

Si el proceso tiene que salir de las paredes de Miraflores para ganar la credibilidad que necesita, la pregunta es hacia dónde tiene que moverse, y la respuesta está en un actor que Venezuela tiene y sistemáticamente subestima. La sociedad civil organizada, organizaciones comunitarias, universidades, iglesias, defensores de derechos humanos, grupos de memoria, redes vecinales, lleva años construyendo tejido social en condiciones extraordinariamente difíciles, sin agenda electoral propia, con un conocimiento de las necesidades reales de la gente que ninguna mesa de negociación de élites puede replicar desde arriba. Estos actores pueden funcionar como puentes de confianza en los espacios donde los protagonistas políticos no llegan o no son creídos, y su participación real en el proceso no le quita protagonismo a nadie sino que le da al proceso lo que más necesita: raíces. Para que eso ocurra hace falta una condición básica que hoy no siempre está garantizada, que se les permita operar con autonomía real, que no sean perseguidos cuando incomodan, que no sean cooptados cuando convienen, que no sean reducidos a ejecutores de una agenda que no diseñaron. La diferencia entre una sociedad civil libre y una decorativa es exactamente la diferencia entre un proceso de reconciliación con sustancia y uno con buena prensa.

Y hay una última trampa que nadie quiere nombrar con claridad pero que Venezuela tiene muy bien documentada en su historia reciente. Todo lo construido en los momentos de apertura política tiende a deshacerse cuando se acerca el siguiente ciclo electoral. Las partes trabajan, negocian, ceden algo, construyen algo que parece sólido. Pero en cuanto los votos están sobre la mesa, cada actor regresa a su esquina, activa su base con el lenguaje del enemigo existencial, y lo que se había avanzado en reconocimiento mutuo se evapora en semanas como si nunca hubiera ocurrido. Esto no es un problema de mala fe individual sino de una lógica estructural: mientras la reconciliación no haya calado en la base social del país, en las comunidades, en las familias divididas políticamente, en las conversaciones cotidianas, siempre va a ser más rentable en términos electorales apelar al miedo al otro que sostener la apuesta por el reconocimiento mutuo. El verdadero indicador de que un proceso de reconciliación está funcionando no es la firma de ningún documento ni el tono de ningún comunicado conjunto. Es que las personas de base hayan empezado a relacionarse de otra manera, que el vecino chavista y el vecino opositor no se perciban como amenazas mutuas, que la conversación sobre el futuro del país no sea una prueba de lealtad tribal sino un ejercicio de ciudadanía que pueden hacer juntos. Eso no se construye con declaraciones, se construye con tiempo, con espacios concretos de encuentro y con victorias pequeñas y verificables que le demuestren a la gente común que el proceso produce algo real para su vida, no solo para la agenda de quienes lo conduce.

Venezuela tiene hoy una apertura que no tenía hace seis meses. Pequeña, frágil, contradictoria y llena de promesas que todavía no encuentran su camino hacia los hechos para todos. Sin embargo, está ahí y es real. La pregunta que este seriado intenta responder es si esa apertura tiene las condiciones para convertirse en algo más que una ventana que se cierra sola: un proceso genuino de reconciliación con verdad, justicia, reparación y garantías de que el país que estamos construyendo no va a volver a ser el que dejamos atrás. Las condiciones existen, parcialmente. Los mecanismos también. Lo que falta, y es mucho, lo veremos en los próximos artículos.

El Instituto Progresista no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.

English version

Many people in Latin America ignore what is happening in Hungary. However, what is at stake this Sunday should feel unsettlingly familiar to us. This is not just an election: it is a contest between the continuation of a system that has perfected its hold on power and the possibility of restoring basic democratic conditions.

The MSZP, the Hungarian Socialist Party, one of the main historical forces of social democracy in Central Europe, has decided not to present its own candidates in the 2026 parliamentary elections. This was not an improvised decision, but a strategic one, adopted on February 20, after recognizing an uncomfortable reality: under the electoral system designed by Viktor Orbán’s government, the opposition can only win if it unites behind a single candidate in each district.

In other words, fragmentation guarantees defeat. For this reason, the MSZP has chosen to support the TISZA Party, a right-wing force that, although ideologically distant, currently represents the best chance to defeat the ruling party.

In authoritarian contexts, politics stops being an exercise in ideological coherence and becomes an exercise in democratic survival. But this is not a minor gesture. By stepping aside, the Socialist Party is not only giving up political visibility; it is also losing access to state funding starting in May 2026, which represents an unprecedented financial blow to its structure and future. It is, quite literally, an institutional sacrifice in the name of democracy.

For those of us who come from Venezuela, this dilemma is not theoretical. Over more than two decades of chavismo control, we have seen how the rules of the game are reshaped: political parties stopped receiving state funding, electoral districts were designed to favor the ruling party, and opposition candidates were systematically disqualified, among other practices.

We have had to vote strategically. We have had to support imperfect options. We have even campaigned for candidates we did not like or who did not fully share our values. All of this for one fundamental reason: to restore democracy. We have learned that when the rules are manipulated, the priority is not to win power, but to recover the real possibility of competing for it. That is exactly what is at stake in Hungary.

For more than a decade, Viktor Orbán has built a model that some describe as an “illiberal democracy,” but which, in practice, works as a sophisticated authoritarian system: institutional capture, pressure on media and academia, redesign of electoral rules, and the gradual weakening of pluralism.

This is not an isolated case. It is part of a global trend. Figures like Vladimir Putin and Donald Trump have helped legitimize a new political current that combines extreme nationalism, radical conservatism, and disregard for democratic norms. A kind of informal international network that finds in leaders like Orbán a central reference point.

Faced with this, the Hungarian opposition faces the same dilemma we have seen so many times in Latin America: is it better to preserve ideological purity, or to accept uncomfortable alliances in order to stop authoritarianism?

Under normal conditions, the answer would be clear. But Hungary is not living under normal conditions. And when democracy is at risk, politics is redefined: first, you fight to restore the rules of the game; then comes the debate about the country’s model.

That is the uncomfortable but deeply honest message behind the decision of Hungarian socialism. Because democracy is not always defended from the comfort of pure convictions. Sometimes, it is defended through sacrifice.

And the question that remains for us, in Venezuela and across Latin America, is inevitable: are we willing to do the same when our time comes?

From a distance, I send a strong hug to all those working in Hungary’s democratic movements.

Guillermo Miguelena P.

Muchos en Latinoamérica ignoran lo que ocurre en Hungría. Sin embargo, lo que se juega este domingo debería resultarnos inquietantemente familiar. No es solo una elección: es una disputa entre la continuidad de un sistema que ha perfeccionado su permanencia en el poder y la posibilidad de recuperar condiciones democráticas básicas.

El MSZP, Partido Socialista de Hungría, una de las principales fuerzas históricas de la socialdemocracia en Europa Central, decidió no presentar candidatos propios en las elecciones parlamentarias de 2026. No fue una renuncia improvisada, sino una decisión estratégica, adoptada el 20 de febrero, tras reconocer una realidad incómoda: bajo el sistema electoral diseñado por el gobierno de Viktor Orbán, la oposición solo puede ganar si logra concentrarse en un único candidato por distrito.

En otras palabras, la fragmentación garantiza la derrota. Por eso, el MSZP ha optado por apoyar al partido TISZA, una fuerza de derecha que, aunque ideológicamente distante, representa hoy la mejor posibilidad de derrotar al oficialismo.

En contextos autoritarios, la política deja de ser un ejercicio de coherencia ideológica para convertirse en un ejercicio de supervivencia democrática. Pero este no es un gesto menor. Al renunciar a competir, el Partido Socialista no solo cede visibilidad política; también pierde acceso al financiamiento estatal a partir de mayo de 2026, lo que supone un golpe financiero sin precedentes para su estructura y su futuro. Es, literalmente, un sacrificio institucional en nombre de la democracia.

Para quienes venimos de Venezuela, este dilema no es teórico. A lo largo de más de dos décadas de control chavista, hemos visto cómo se transforman las reglas del juego: los partidos dejaron de recibir financiamiento estatal, los circuitos electorales fueron diseñados para favorecer al oficialismo y se inhabilitó sistemáticamente a candidatos de la oposición, entre otras prácticas.

Hemos tenido que votar estratégicamente. Hemos tenido que apoyar opciones imperfectas. Incluso, hacer campaña por candidatos que no eran de nuestro agrado o que no compartían plenamente nuestros valores. Todo ello por una razón fundamental: rescatar la democracia. Hemos aprendido que, cuando las reglas están manipuladas, la prioridad no es ganar el poder, sino recuperar la posibilidad real de disputarlo. Eso es exactamente lo que está en juego en Hungría.

Durante más de una década, Viktor Orbán ha construido un modelo que algunos describen como “democracia iliberal”, pero que, en la práctica, funciona como un sistema autoritario sofisticado: captura institucional, presión sobre medios y academia, rediseño de las reglas electorales y debilitamiento progresivo del pluralismo.

No se trata de un fenómeno aislado. Forma parte de una tendencia global. Figuras como Vladimir Putin y Donald Trump han contribuido a legitimar una nueva corriente política que combina nacionalismo extremo, conservadurismo radical y desprecio por las normas democráticas. Una especie de red internacional informal que encuentra en líderes como Orbán un punto de articulación.

Frente a esto, la oposición húngara enfrenta el mismo dilema que tantas veces hemos visto en América Latina: ¿es preferible mantener la pureza ideológica o asumir alianzas incómodas para frenar el autoritarismo?

En condiciones normales, la respuesta sería evidente. Pero Hungría no vive condiciones normales. Y cuando la democracia está en riesgo, la política se redefine: primero se lucha por restablecer las condiciones; luego vendrá el debate sobre el modelo de país.

Ese es el mensaje incómodo, pero profundamente honesto, que deja la decisión del socialismo húngaro. Porque la democracia no siempre se defiende desde la comodidad de las convicciones puras. A veces se defiende desde el sacrificio.

Y la pregunta que queda para nosotros, en Venezuela y en toda América Latina, es inevitable: ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo cuando nos toque?

Desde la distancia, envío un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de los movimientos democráticos de Hungría.

Guillermo Miguelena P.

A raíz de los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela muchos se adelantaron a plantear que el país entraba, definitivamente, en una transición. Algunos más entusiastas decidieron ponerle nombre y apellido: transición a la democracia. Una transición tutelada y dirigida por los Estados Unidos y los designios de Donald Trump.

La verdad es que estamos lejos de que haya una transición democrática. Lo que tenemos al frente, en estos tres primeros meses, es un reacomodo del sistema político, donde el gobierno interino, dirigido por Delcy Rodríguez, y reconocido por EEUU, se replantea posiciones clásicas del chavismo como movimiento político para sobrevivir esta ola de instrucciones y cambios políticos a raíz del 3 de enero. Sus movimientos y acciones parecieran seguir con el patrón de opacidad operacional pero maquillaje institucional para re-agrupar y re-dirigir esfuerzos en lo que ellos mismos han llamado “el nuevo momento político”. Un nuevo momento político lleno de diálogo sin cajas de resonancia, una amnistía débil y un proceso de re-configuración de Poderes Públicos que aún no queda claro la verdadera capacidad de acción y el respeto a la constitución del 99.

Y la verdad, es que los reacomodos de sistemas autoritarios no son transiciones. Simplemente son cambios. A todas estas, ¿qué se necesita para impulsar una verdadera transición? La respuesta no es sencilla, y menos en Venezuela, pero todo parece arrojar a que la respuesta apunta a que debemos conjugar al tiempo la movilización social, la claridad en la exigencia y la visión estratégica.

Venezuela atraviesa, antes que una crisis política, una crisis social profunda. Esta crisis social está acompañada por deuda social y exigencia en distintos sectores que no ha sido canalizada por años, creando mayores ciclos de desigualdad, pobreza y debilitamiento de la confianza en la gente ante las instituciones del Estado. Este país atraviesa una crisis laboral, educativa, de servicios públicos y de salud de larga data que pueden ser los primeros disparadores sociales para lograr una movilización social importante que permita ir generando mayor tensión institucional y fomentar espacios de negociación y acción que produzcan cambios palpables en el país.

Esta movilización social no debe ser politizada, debe ser acompañada por todos los sectores y estar llena de contenido programático que permita elevar la exigencia social de forma clara y también construir propuestas que permitan solucionarla. Además, los movimientos sociales en Venezuela deben tener unidad estratégica: ordenarse alrededor de los problemas de la gente, dar la conversación incómoda de que todo debe ser negociado y conversado y finalmente, lograr victorias. La verdad, no hay nada que se pueda lograr por la simple presión y tampoco por la simple negociación. Es clave ir a jugar en todos los terrenos que nos da la vida pública y social en Venezuela para impulsar la transformación de nuestra realidad.

Entendiendo esto es cuando podemos abordar las oportunidades institucionales frente a una realidad que hoy tenemos como país: El costo de represión es alto, pero la capacidad del Estado para solucionar las demandas es baja. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil: concertar. Pero concertar con certeza, claridad y concesiones reales. No se puede seguir esperando del chavismo, como movimiento político, que estos espacios de encuentro y negociación sigan siendo gestos tácticos para ganar tiempo o construir una narrativa. En ellos también está la tarea, titánica, de generar confianza al resto del país y promover la reconciliación real.

La negociación y acción es un eje clave para que la movilización social logre sus objetivos. Esto es un trabajo de orden interno, debe estar siendo motorizado y dirigido por las fuerzas vivas que aún quedan en Venezuela y buscando la unidad de todos los sectores tanto en la presencia y exigencia, como en la estrategia para lograrlo. No podemos caer en la disyuntiva de que todo son movilizaciones para entregar un documento o llegar a una esquina del centro de Caracas. Debemos empezar a mover el tablero y proponer acciones coherentes y reales a través de un diagnostico de las condiciones de los servicios públicos, el sector salud, educación y laboral.

No podemos dejar que el cumplimiento de nuestras exigencias también esté siendo tele-dirigido desde EEUU porque se corre el riesgo de que en vez de enrumbarnos a una transición democrática, caigamos en un proceso corporativista donde se logra un gran pacto de élites y capital. Un ejemplo claro es el proceso que vivió México con el PRI desde 1977 al 2000.

Finalmente, hoy el proceso venezolano, lejos de la democracia, ha demostrado aperturas en el sistema político. El retorno de las protestas, la liberación parcial de los presos políticos, el tímido regreso de la acción política y la parcial apertura en medios de comunicación con cambios de línea editorial son signos importantes. Sin embargo, el regreso autoritario siempre es latente, pudiéramos pensar que con la amenaza constante de EEUU eso no ocurrirá, pero si el re-acomodo Delcy-Trump se basa, como ha sido hasta ahora, en petróleo y dinero, poco espacio habrá para las reformas institucionales profundas que se necesitan antes de llegar a elecciones.

Sin embargo, nos enfrentamos a retos grandes. Es el momento de ir a levantar no una bandera, sino todas las banderas, pero también es el momento de no ser maximalistas ni inmediatistas, sino procurar crear las condiciones necesarias para que las exigencias sociales sean canalizadas y atendidas.

Para que atendamos las necesidades de Venezuela y construyamos un verdadero camino de reconciliación y reconstrucción, debemos reconocernos entre todos. Es el momento en que todos los sectores sociales deben sentarse y comprender no sólo sus necesidades, sino las necesidades de los demás y equilibrar cargas. Hoy no hay cosas que atender más importantes que otras, todo es importante. En este país de todos, cabemos todos y hay que sentar a universidades, medios, académicos, estudiantes, profesionales, sindicatos, gremios, políticos, defensores de DDHH, ONG, víctimas y un largo etcétera.

El llamado a todos estos sectores parte de una realidad también: el tejido social venezolano está roto. El proceso de autoritarismo que ha vivido el país resquebrajó la confianza entre actores y sectores y los llevó a su punto más mínimo. La autonomía universitaria se perdió, la capacidad de negociación de los sindicatos también, el diálogo tripartito no existe, los medios generaron censura y autocensura, los colegios profesionales y gremios se vaciaron de contenido por la precarización de la actividad gremial y profesional y los defensores de DDHH y miembros de ONG han sido altamente perseguidos y encarcelados, sin olvidar que las víctimas de la represión están siendo, constantemente, re-victimizadas y silenciadas.

Hay que reconocernos como un país herido y que no se escuchó nunca. No se respetaron las minorías ni las mayorías, se impuso un modelo en el que el norte era sobrevivir y no convivir. Es en este preciso instante donde todos estamos llamados a tragar grueso y aceptar la realidad por encima de los deseos para poder construir ese país posible y deseado que, absolutamente, todos queremos.

El Instituto Progresista no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.

Durante años se ha repetido la idea de que dentro del poder en Venezuela existen fracturas profundas, especialmente entre figuras como los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. Esa lectura, aunque resulta políticamente útil para algunos sectores, no refleja con precisión cómo funciona realmente el régimen. Más que facciones enfrentadas, lo que existe es una alianza de poder que actúa de forma coordinada, con roles distintos pero con un objetivo común e innegociable: mantenerse en el poder.

El chavismo ha demostrado, a lo largo del tiempo, una gran capacidad de adaptación. Puede endurecerse o flexibilizarse según el momento, abrir espacios o cerrarlos, negociar o confrontar. Pero en todos los casos la lógica es la misma: preservar el poder. Por eso no debería sorprender que hoy esté dispuesto a establecer relaciones pragmáticas incluso con actores que durante años presentó como enemigos, como ocurre con Donald Trump. Estas aproximaciones no responden a cambios ideológicos, sino a cálculos políticos.

En ese marco debe entenderse el peso de figuras como Gustavo González López. Mayor general y uno de los principales operadores del aparato de inteligencia y seguridad del chavismo, fue director del SEBIN en dos períodos y ministro de Interior. Su trayectoria lo ubica como una pieza clave en el control político interno, en la vigilancia y en la persecución de la oposición democrática. Ha sido sancionado internacionalmente y señalado por organismos de derechos humanos por su presunta responsabilidad en detenciones arbitrarias y prácticas represivas. Durante su gestión en el SEBIN ocurrió uno de los episodios más graves para la democracia venezolana: el asesinato del concejal Fernando Albán mientras se encontraba detenido.

Su cercanía con el núcleo duro del poder, y en particular con Diosdado Cabello, refuerza su importancia dentro del engranaje de control del régimen. Ya se había advertido que su designación en posiciones estratégicas como la jefatura de la Casa Militar no era un movimiento menor, sino parte de una jugada para garantizar mayor control y cohesión alrededor del poder ejecutivo, especialmente en torno a Delcy Rodríguez.

Este tipo de decisiones no debe interpretarse en clave ideológica, sino instrumental. El chavismo no tiene problema en ceder en el discurso o en modificar posiciones si eso le permite ganar tiempo, oxígeno político o margen de maniobra. Al mismo tiempo, actores externos pueden creer que están imponiendo condiciones, cuando en realidad están siendo incorporados a una lógica de conveniencia mutua.

Otro elemento que confirma esa capacidad de cálculo es el manejo del tiempo político. Recientemente, mientras buena parte del país estaba concentrada en la celebración del campeonato mundial de béisbol, el régimen avanzó en decisiones sensibles, como movimientos en el alto mando militar y anuncios en materia de defensa. No se trata de coincidencias. Es una práctica conocida: actuar en momentos de distracción colectiva para reducir costos políticos y minimizar la atención pública.

El poder en Venezuela no improvisa. Planifica, mide y ejecuta.

En paralelo, se han producido gestos que algunos interpretan como señales de apertura: liberaciones parciales de presos políticos, discursos más moderados o iniciativas legislativas como la llamada Ley de Amnistía. Sin embargo, estos movimientos deben analizarse con cautela. No responden a una convicción democrática, sino a presiones acumuladas, tanto internas como internacionales. El aparato represivo no ha desaparecido; simplemente está siendo administrado.

Quizás lo más preocupante de este momento no es la actuación del chavismo, sino la reacción de ciertos sectores de la oposición. Resulta inquietante ver cómo algunos dirigentes insisten en instalar la idea de que el cambio ya comenzó, que la transición está en marcha o que el régimen está cediendo espacios de forma irreversible.

Esa narrativa no solo es imprecisa, sino peligrosa. Genera falsas expectativas, desmoviliza a la ciudadanía y reduce la capacidad de presión real sobre el poder. Y, como ha ocurrido otras veces en la historia reciente, termina favoreciendo la normalización de una realidad que sigue siendo profundamente autoritaria.

Comprender esta diferencia es fundamental. Si el diagnóstico es equivocado, cualquier estrategia política también lo será. El chavismo no ha cambiado su naturaleza; lo que ha hecho es ajustar sus métodos.

Frente a este escenario, la responsabilidad de quienes analizan, comunican o hacen política es mayor que nunca. No se trata de caer en el pesimismo, sino de evitar la ingenuidad. La realidad venezolana exige lucidez, rigor y, sobre todo, honestidad intelectual.

Porque en contextos autoritarios, las ilusiones no son neutrales.
También pueden terminar siendo funcionales al poder.

Venezuela atraviesa una fase de transición política abierta desde el 3 de enero, fecha que marcó una ruptura significativa con el orden anterior tras la extracción de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos y el inicio de una nueva dinámica bajo fuerte presión, supervisión y tutelaje norteamericano. Este hecho, sumado a la liberación parcial de presos políticos, la promulgación de la Ley de Amnistía y la reactivación limitada de algunos espacios cívicos, constituye señales claras de que el sistema político comenzó a moverse. No se trata aún de una transición consolidada, pero sí de un momento en el que las reglas del juego están siendo discutidas y ajustadas.

El escenario actual muestra una liberalización parcial; sin embargo, el aparato estatal y militar no ha colapsado ni ha sido sustituido. El poder conserva capacidad de reorganización. Esto sitúa al país en una transición en disputa, no en una democratización automática. El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas internas, del rol de la oposición y de la capacidad de negociación que logre desarrollarse.

Desde el Instituto Progresista advertimos que, a partir de estos hechos, existen dos trayectorias posibles. La primera es la reorganización del régimen bajo una lógica pragmática: aceptación de acuerdos energéticos y comerciales con Estados Unidos, estabilización económica e implementación de reformas limitadas sin alterar de fondo la estructura de poder. En ese escenario, el resultado sería un autoritarismo reconfigurado, con mayor capacidad de operar en mercados financieros y con una apertura cívica restringida, pero sin alternancia real.

La segunda trayectoria es el retorno democrático, que implicaría una reinstitucionalización profunda del Estado, acuerdos políticos amplios, garantías para los actores del poder saliente, reconstrucción de legitimidad interna y convocatoria a elecciones libres y verificables. Este escenario exige presión democrática sostenida y negociación estratégica, no sólo expectativa de cambio.

Otro rasgo que vuelve a confirmarse en esta etapa es la capacidad del régimen para administrar el tiempo político mediante ajustes calculados que aparentan cambio sin alterar el núcleo del poder. El chavismo ha demostrado durante años una habilidad particular para dosificar concesiones, ofrecer pequeños sacrificios tácticos y presentar esos movimientos como reformas sustantivas, especialmente bajo la mirada de la comunidad internacional y, ahora, bajo la presión y supervisión de Estados Unidos. Un ejemplo reciente es el movimiento institucional ocurrido en torno al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó su renuncia y, pocos días después, fue designado como defensor del pueblo interino (figura que en el derecho comparado se conoce como ombudsman). Más que una ruptura, el episodio se asemeja a un “enroque” en términos de ajedrez: una maniobra defensiva que reorganiza las piezas sin cambiar la estructura del tablero ni la lógica del control institucional.

La designación de Larry Devoe Márquez como fiscal general encargado refuerza esa lectura. Devoe no es una figura técnica neutral surgida de un consenso institucional, sino un funcionario estrechamente vinculado al núcleo político del poder. Durante años se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha funcionado como plataforma del gobierno para responder a críticas internacionales y cuestionar informes de organismos multilaterales. Además, ha participado en diversas delegaciones oficiales en foros internacionales y en espacios de negociación política, consolidándose como un operador jurídico y diplomático de confianza del círculo de Delcy Rodríguez. Su trayectoria muestra un perfil especializado en la defensa discursiva del régimen ante instancias como el sistema de Naciones Unidas, particularmente frente a cuestionamientos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Leído en conjunto, el movimiento Saab-Devoe ilustra la lógica que el chavismo ha utilizado repetidamente para navegar momentos de presión: reacomodar figuras, preservar lealtades y proyectar una imagen de ajuste institucional sin alterar la arquitectura real del poder. En contextos de negociación o supervisión internacional, estas maniobras permiten al régimen mostrar flexibilidad táctica mientras mantiene intactos los centros efectivos de decisión.

La transición como proceso, no como evento.

Las transiciones políticas no son hechos, son procesos complejos y, casi siempre, llenos de tensiones e incertidumbre. Pensar que el restablecimiento pleno de los derechos y la celebración de elecciones libres puede producirse de forma inmediata es desconocer la naturaleza misma de estos procesos. En muchos casos, una transición solo avanza cuando actores que antes parecían incapaces de cambiar terminan participando en acuerdos y decisiones que abren espacio para la transformación. Negarse a aceptar esa posibilidad —o insistir en que cualquier negociación es imposible— no sólo ignora la realidad política, sino que puede terminar boicoteando o incluso saboteando las conversaciones que, inevitablemente, deben ocurrir.

En ese contexto, la oposición venezolana enfrenta un desafío estratégico. Más que mantenerse al margen, debería involucrarse de manera activa y propositiva en la estrategia que Estados Unidos ha planteado para Venezuela, organizada en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Respaldar o participar en este enfoque no implica renunciar a los principios democráticos. Significa reconocer que los cambios políticos suelen avanzar por etapas.

La clave, en definitiva, no está en esperar el momento perfecto, sino en incidir estratégicamente en cada fase del proceso para que el resultado final sea una Venezuela democrática, institucional y estable.

Contactos discretos: señales de interlocución política.

Casi al mismo tiempo a estos movimientos institucionales, también comienzan a registrarse señales de interlocución política menos visibles. En días recientes se produjo un encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y un grupo de académicos, dirigentes sociales y figuras públicas vinculadas a distintos espacios de la sociedad venezolana. Aunque no se trató de una negociación formal ni de un proceso estructurado de diálogo político, la reunión permitió discutir temas como la recuperación de libertades civiles, reformas electorales, condiciones institucionales para futuros procesos electorales y la necesidad de reconstruir consensos mínimos para la estabilidad del país. Más allá de los resultados concretos, este tipo de encuentros refleja que distintos actores comienzan a explorar canales de conversación en un escenario donde el conflicto político aún no se ha resuelto, pero donde la búsqueda de salidas negociadas empieza a reaparecer en la agenda pública.

La oposición y su complejidad interna.

En este punto, el papel de la oposición es determinante y debe analizarse en su complejidad. La oposición venezolana no es homogénea. Existe un bloque mayoritario con legitimidad electoral derivada de las elecciones del 28 de julio de 2024, liderado por María Corina Machado y los partidos que permanecen en la Plataforma Unitaria. Este sector representa una fuerza política significativa.

Paralelamente, opera una oposición desde la institucionalidad, representada por la fracción Libertad en la Asamblea Nacional, integrada por once diputados liderados por Henrique Capriles y Stalin González. Aunque numéricamente reducida y con legitimidad cuestionada esta fracción dispone de un instrumento estratégico fundamental: la legalidad institucional.

Cualquier proceso serio de reinstitucionalización —tutelado o no— requiere un revestimiento jurídico, y ese marco necesariamente pasa por la Asamblea Nacional. Las reformas, garantías y acuerdos que busquen transformar el sistema deben transitar por el Parlamento para asegurar la sostenibilidad institucional. La discusión de la Ley de Amnistía evidenció que, aun con limitaciones, existe margen de incidencia parlamentaria mediante consultas con víctimas, comités por la liberación de presos políticos, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Aunque no se incorporaron todas las propuestas, el proceso demostró que el espacio institucional puede funcionar como canal de influencia dentro de la transición.

La transición venezolana, por tanto, no se define únicamente por la presión internacional o por los movimientos del poder oficial, sino también por la capacidad de las distintas oposiciones de recomponerse estratégicamente y actuar de forma coordinada. Si la fragmentación persiste, el riesgo de estabilización autoritaria adaptada es alto. Si, en cambio, se logra articular una agenda común orientada a la reinstitucionalización, la liberalización podría evolucionar hacia un proceso democrático real.

María Corina Machado y la recomposición opositora.

María Corina Machado, pese a su alta popularidad y legitimidad electoral, ha quedado parcialmente marginada del proceso político. Su inclusión en esfuerzos diplomáticos no implica necesariamente que Estados Unidos respalde su liderazgo interno como pieza central de la dinámica actual.

Para el oficialismo, Machado representa una línea roja difícil de aceptar. La oposición mayoritaria que encarna fue el principal bloque en la disputa electoral de 2024, pero las restricciones institucionales muestran que su incorporación plena al nuevo esquema político sigue siendo conflictiva. Su exclusión podría formar parte de acuerdos tácitos orientados a preservar percepciones de control tras la captura de Maduro.

En ese contexto surge la figura de Enrique Márquez, exrector del CNE y excandidato presidencial. Tras haber sido preso político y posteriormente liberado este 2026, su perfil moderado y trayectoria menos polarizante lo han convertido en un actor observado por sectores externos como potencial interlocutor pragmático. Sin embargo, la atención mediática o internacional no se traduce automáticamente en liderazgo interno ni en capacidad real de construir acuerdos sostenibles.

La oposición deberá gestionar su diversidad interna con realismo. La exclusión de Machado limita la incorporación del sector con mayor respaldo social, pero tampoco invalida el rol de liderazgos moderados en un eventual proceso de reinstitucionalización. No obstante, construir acuerdos sólidos exige tiempo, estrategia clara y cohesión, no solo visibilidad internacional.

Un liderazgo democrático requiere negociación interna, credibilidad social y capacidad de articular una agenda común. Sin estos elementos, el riesgo de fragmentación o de consolidación de ventajas oficiales sigue siendo elevado.

El rol estratégico de la sociedad civil.

La sociedad civil ha emergido como un actor con potencial de incidencia, aunque enfrenta limitaciones estructurales. La discusión de la Ley de Amnistía constituyó un momento inédito, ya que organizaciones de derechos humanos, comités de víctimas y asociaciones civiles participaron directamente en espacios de consulta ante la Asamblea Nacional.

Este acceso representó una señal de apertura en una dinámica históricamente cerrada por represión, restricciones financieras y marcos legales restrictivos. Además, la fracción Libertad actuó como canal receptor de propuestas ciudadanas, demostrando que, aun con pocos escaños, existe una rendija institucional para transmitir demandas sociales.

La reinstitucionalización no puede concebirse sin la participación activa de la sociedad civil organizada. Su rol no se limita a proponer leyes, sino que incluye vigilancia, presión por cumplimiento de compromisos y seguimiento de garantías. Sus demandas abarcan amnistía, verdad, reparación y justicia transicional.

Asimismo, la diáspora venezolana constituye una extensión relevante del actor social, con capacidad técnica, recursos y vínculos internacionales que pueden fortalecer la presión democrática.

Sin embargo, la experiencia reciente también muestra límites. La Ley de Amnistía fue criticada por falta de transparencia y por no incorporar plenamente todas las propuestas. Esto evidencia que la participación aún no está garantizada estructuralmente y que el acceso puede seguir condicionado por dinámicas de poder.

En esta etapa, la sociedad civil cumple un doble papel: canalizar demandas concretas y ejercer vigilancia constante. Para que su incidencia sea efectiva, la apertura institucional debe ser permanente y no meramente simbólica.

El factor Washington.

Un elemento adicional que confirma la dimensión internacional de este proceso fue el anuncio realizado el 7 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que su administración ha reconocido formalmente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y ha restablecido relaciones diplomáticas y consulares con Caracas. El anuncio, realizado durante la cumbre “Escudo de las Américas”, consolida el nuevo marco de cooperación política y energética entre ambos países y refuerza el esquema planteado por Washington para el proceso venezolano, estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. Más allá del gesto diplomático, este reconocimiento formal confirma que la evolución política venezolana se encuentra estrechamente vinculada a la estrategia geopolítica de Estados Unidos, particularmente en materia energética y de seguridad regional.

Sin embargo, este reconocimiento difícilmente puede interpretarse como un intento de reintegrar plenamente a Venezuela en el sistema internacional tal como ha funcionado en las últimas décadas. Más bien parece responder a una lógica pragmática de estabilización política y cooperación estratégica. En ese sentido, no sería razonable esperar que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez impulse en el corto plazo un retorno a espacios multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Paradójicamente, en este punto pueden coincidir los intereses del actual liderazgo chavista y la política exterior de Donald Trump, quien ha mostrado reiteradamente escepticismo hacia los organismos multilaterales tradicionales. Esta convergencia sugiere que la etapa actual de la transición venezolana podría desarrollarse más en función de acuerdos bilaterales de poder que de una reinserción plena en las organizaciones internacionales existentes.

El Nuevo Paradigma Petrolero en Venezuela.

La aprobación en segunda discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el pasado 29 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico y el inicio de una era pragmática para la industria petrolera venezolana. Este nuevo marco legal, compuesto por 80 artículos, no es simplemente una actualización técnica; representa una capitulación formal ante las realidades de un mercado que exige garantías que el Estado venezolano ya no puede ofrecer por sí solo. Al permitir que las empresas privadas asuman la “gestión técnica y operativa” de los proyectos —una facultad históricamente reservada a PDVSA—, la ley intenta desmantelar el modelo de control estatal absoluto para dar paso a un esquema donde el capital internacional dicta el ritmo de la producción.

Esta apertura se sustenta en una flexibilización fiscal sin precedentes que busca aliviar la asfixia financiera de los proyectos. La sustitución de diversas contribuciones parafiscales y tributos municipales por un impuesto integrado de hasta el 15% sobre ingresos brutos (por hidrocarburos extraídos), sumado a un techo de regalías del 30% que el Ejecutivo puede reducir discrecionalmente hasta el 0% según la rentabilidad y los criterios de inversión de cada proyecto, convierte a Venezuela en un destino teóricamente competitivo.

Sin embargo, es precisamente esta “discrecionalidad” la que genera las primeras grietas en la confianza de los inversores. Al no existir reglas fijas y depender de negociaciones directas con el Ministerio de Petróleo o la Presidencia de la República, persiste el riesgo de condiciones desiguales entre actores, lo que, sumado a la falta de publicación de estados financieros de PDVSA desde 2016, mantiene una sombra de opacidad sobre la rendición de cuentas.

En los meses transcurridos hasta la actualidad, la presión de la administración Trump ha sido el motor fundamental de estos cambios. Tras su intervención en la dinámica política venezolana y la reunión que ha sostenido con las transnacionales petroleras, el mandatario estadounidense les ha planteado a estas empresas que inviertan de inmediato unos 100.000 millones de dólares para aumentar la producción, destinar buena parte de ese petróleo a Estados Unidos y transformar el mapa geopolítico de la energía, en aras de desplazar la influencia de China, Rusia e India.

No obstante, el choque entre la retórica política de Washington y la realidad empresarial ha sido evidente. Mientras Chevron ha aprovechado su infraestructura previa para consolidarse como el principal beneficiario (proyectando un aumento de 150.000 barriles diarios en el corto plazo), en su mayoría otras transnacionales como ExxonMobil ven más riesgos que posibilidades sobre este planteamiento, y han sido tajantes al calificar al país como “uninvestable” (no apto para la inversión). Para estas empresas, el grave deterioro de los yacimientos requiere una importante instalación tecnológica y amplia inversión económica a la largo plazo, dado que la situación política actual y su porvenir no parece aún terminar de generar confianza y garantías suficientes sobre la estabilidad jurídica que requieren.

A pesar de estas reticencias, el gobierno de EEUU desde el Departamento del Tesoro ha enviado nuevas señales claras a las petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela mediante la flexibilización de sanciones, otorgando nuevas licencias o permisos de comercialización pero con condiciones y prohibiciones específicas, que obligan a que los pagos pasen por cuentas controladas en Qatar. Esta medida, aunque garantiza que los fondos no se desvíen y es una especie de garantía adicional para las empresas, es también un recordatorio de quién realmente fija las reglas del juego.

En este contexto, empresas como Repsol, Eni y Maurel & Prom observan con cautela cómo la reforma les permite ahora comercializar directamente el crudo, eliminando la dependencia de PDVSA para las ventas, pero enfrentándose al dilema de operar en un país donde la infraestructura requiere una cirugía reconstructiva profunda de al menos 10.000 millones de dólares anuales para recuperar niveles de producción y competitividad.

De cara al futuro inmediato, los retos que restan son tan estructurales como políticos. El principal obstáculo sigue siendo la exigencia de que PDVSA mantenga el 51% de las acciones en las empresas mixtas; un socio que carece de capital obliga al inversor privado a asumir la totalidad del riesgo financiero, encareciendo cualquier proyecto.

Asimismo, la controversia sobre el arbitraje internacional permanece en un limbo jurídico, pues la Constitución venezolana ordena resolver contratos de interés público en tribunales nacionales, lo que genera una inseguridad jurídica latente para las inversiones a 20 o 30 años. Sin una democratización clara en el horizonte y con una estructura estatal frágil, el éxito de esta nueva ley en materia energética dependerá de si Venezuela puede convencer al mundo de que estas nuevas reglas del juego sobrevivirán más allá de la coyuntura de la presidencia de Trump.

Conclusión

La Ley de Amnistía, la Ley de Hidrocarburos y las demás reformas que se adopten en esta etapa difícilmente serán perfectas ni lograrán satisfacer las expectativas de la mayoría de los venezolanos. Es probable que muchas de ellas nazcan en medio de tensiones, concesiones y equilibrios políticos propios de un momento de transición.

Sin embargo, su valor debe entenderse dentro del contexto en el que surgen: como instrumentos para abrir camino hacia un nuevo marco político. Una vez restablecida la democracia y fortalecidas las instituciones, estas normas podrán ser revisadas, corregidas o modificadas dentro de un entorno institucional sólido, democrático y plenamente legítimo.

Venezuela no está aún ante una democracia en construcción, sino ante una disputa abierta por el sentido de la transición. El régimen intenta reorganizarse; la sociedad busca recuperar derechos; la oposición trata de recomponerse; y la comunidad internacional observa con cautela. El desenlace no está escrito. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá menos de las narrativas y más de la capacidad de los actores democráticos de actuar con inteligencia estratégica, evitar la fragmentación y convertir la apertura limitada de hoy en una verdadera transformación institucional mañana.

Desde el Instituto Progresista reafirmamos nuestro compromiso con el análisis riguroso, independiente y responsable de la coyuntura venezolana. En contextos de alta complejidad y transformación acelerada, comprender los procesos en curso resulta tan relevante como participar activamente en su discusión pública. El Instituto Progresista depende del apoyo de personas comprometidas con el análisis independiente y la construcción democrática. Si este trabajo te resulta valioso, te invitamos a contribuir con una donación para que podamos seguir investigando, publicando y generando propuestas para el país. Tu aporte es clave para sostener este esfuerzo.

Venezuela bajo control: estabilización sin democracia

La comparecencia ante el Senado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció esta semana una radiografía precisa de cómo Washington interpreta y pretende gestionar el actual escenario venezolano. Rubio fue enfático al situar la política de Estados Unidos no en la promoción inmediata de una transición democrática, sino en una estrategia de estabilización con control estratégico, en la que Washington administra recursos —especialmente los ingresos petroleros— bajo su supervisión, con el objetivo de evitar el colapso del Estado y neutralizar amenazas que percibe en la región.

En su testimonio defendió la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro como una acción “estratégica” y no como un acto de guerra. Asimismo, describió una relación “productiva y respetuosa” con la presidenta interina Delcy Rodríguez, aunque advirtió que la cooperación sigue siendo condicional y que, en caso de incumplimiento, el uso de la fuerza continúa siendo una opción.

Rubio también explicó que los ingresos derivados del petróleo —aún bajo sanciones— están siendo dirigidos a la provisión de servicios básicos bajo supervisión estadounidense, y que la reforma de la Ley de Hidrocarburos constituye un quiebre estructural que difícilmente habría ocurrido sin una presión externa extrema.

Si bien reiteró el objetivo de avanzar hacia elecciones libres y la liberación de presos políticos, su intervención dejó claro que, para Washington, el control precede a la legitimidad y que la estabilidad, la recuperación económica y el orden se imponen como prioridades frente a un avance democrático inmediato.

En este nuevo tablero, María Corina Machado no aparece como una figura operativa del proceso, sino más bien como un activo simbólico. Su rol se vincula al capital moral y al imaginario político, más que a la gestión efectiva del poder.

Para Washington, Machado resulta útil para sostener expectativas sociales y narrativas de futuro, pero no es percibida como una estructura capaz de administrar un Estado en crisis. Movilizar masas no equivale a gobernar. No se gestionan refinerías, no se controlan ministerios ni se administran fuerzas de seguridad sin una estructura institucional funcional.

Durante la audiencia quedó implícito que Estados Unidos no construye su política exterior sobre entusiasmo popular, sino sobre control territorial, seguridad, energía y capacidad administrativa. En esa ecuación, la plataforma que rodea a Machado no es vista como funcional para manejar orden público, economía, deuda o gobernabilidad básica.

Por ello, más que apostar por una oposición civil fragmentada, Washington opta por negociar estabilidad con quienes hoy controlan las armas, los flujos económicos y el territorio.

La lógica de Trump es eminentemente pragmática: el éxito en Venezuela se mide en petróleo fluyendo, deuda reordenada, seguridad contenida y reducción de influencias externas adversas. En ese esquema, un liderazgo sustentado exclusivamente en popularidad representa un riesgo que Estados Unidos no está dispuesto a asumir.

Paralelamente, comienza a consolidarse una lectura más estructural de lo ocurrido dentro del chavismo. La hipótesis de una fractura interna ha dejado de ser solo un rumor diplomático.

El embajador de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, afirmó que en Venezuela “sin duda hubo una traición” de altos funcionarios que colaboraron con Estados Unidos y le dieron la espalda a Nicolás Maduro.

La declaración refuerza la idea de que la caída de Maduro no puede explicarse únicamente por la presión externa, sino por quiebres internos dentro del aparato de poder.

Que Moscú formule esta tesis de manera abierta introduce un elemento analítico clave: el problema no fue solo la intervención internacional, sino la erosión de lealtades, incentivos y pactos que sostenían el sistema. Más que una derrota externa, lo que se evidencia es una crisis de cohesión interna, donde la supervivencia individual comenzó a pesar más que la disciplina del proyecto político.

Presos políticos y amnistía como gestión del conflicto

En un acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez anunció una amnistía general que será remitida a la Asamblea Nacional bajo el argumento de promover la convivencia y la paz social.

Aunque el anuncio tiene una carga simbólica relevante, su alcance real aún está por definirse. Hasta ahora, las excarcelaciones han operado más como instrumentos políticos que como una política humanitaria, siendo selectivas, dosificadas y condicionadas por equilibrios internos del poder.

Desde el Instituto Progresista sostenemos una posición clara frente a la llamada Ley de Amnistía. No se trata de una concesión generosa ni del resultado de una apertura democrática espontánea. La amnistía ha sido una exigencia histórica de la oposición venezolana durante más de dos décadas.

Si hoy aparece en la agenda oficial, no es por convicción, sino por presión política, social e internacional acumulada.

Una ley de este tipo solo tiene sentido si se aplica de manera íntegra a los más de 700 civiles, activistas, dirigentes políticos, sindicalistas, policías y militares que aún continúan injustamente encarcelados mediante expedientes fabricados.

Asimismo, la amnistía debe contemplar mecanismos de reparación para las víctimas. Nada puede borrar el daño sufrido, pero el Estado tiene la obligación política y moral de reconocerlo.

Espacios como El Helicoide no pueden convertirse en lugares de esparcimiento. Deben preservarse como memoriales del terror, como testimonio de una época de arbitrariedad ejercida para aferrarse al poder.

La memoria no es venganza. Es prevención.

Recomposición controlada del vínculo bilateral

En la última semana se produjeron avances significativos en el sector petrolero y en la conectividad internacional que reflejan cómo la economía política del país continúa reconfigurándose bajo presión.

La Asamblea Nacional aprobó una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos orientada a abrir la puerta a mayor participación privada y extranjera en la industria petrolera.

Bajo el nuevo marco legal, las empresas privadas podrán asumir un rol más amplio en la extracción, producción, comercialización y exportación de crudo, además de acceder a incentivos fiscales ampliados y a mecanismos de arbitraje internacional independientes.

Paralelamente, la administración Trump suavizó sanciones clave mediante licencias generales que permiten a empresas estadounidenses operar con crudo venezolano bajo esquemas de supervisión.

En el plano bilateral, Estados Unidos anunció la reapertura del espacio aéreo comercial y la reanudación de vuelos directos entre ambos países por primera vez en casi siete años.

Finalmente, otro elemento clave fue la llegada de Laura Dogu como encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, marcando la primera reinstalación de una misión diplomática estadounidense en siete años.

Casi en simultáneo se nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos, consolidando una nueva fase de interlocución política entre ambos países.

Transición a la venezolana
Las palabras negociación y diálogo arrastran una connotación negativa en el imaginario colectivo venezolano. Sin embargo, ambas son herramientas imprescindibles en la política y resultan fundamentales en cualquier proceso de transición.

Hoy, más allá de calificar los acontecimientos como buenos o malos, los hechos ocurridos desde el 3 de enero dejaron a la oposición venezolana mal posicionada frente al colapso político generado tras la extracción de Nicolás Maduro.

No existen manuales para una transición. Los venezolanos deberán construir su propia vía, pero será indispensable recomponer la oposición democrática para que pueda actuar de forma articulada.

Actualmente, en la Asamblea Nacional apenas existen once voces disidentes dentro de un Parlamento ampliamente controlado por el chavismo. Aun así, a través de esa estrecha rendija comienzan a reactivarse partidos y liderazgos políticos en el territorio.

Por su parte, María Corina Machado ha asegurado que estaría dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para discutir un cronograma de transición democrática, que eventualmente contemple elecciones presidenciales con garantías universales.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral suspendió temporalmente el proceso de registro de nuevos partidos políticos, lo que afecta el pluralismo y condiciona el paisaje institucional de las próximas etapas.

La transición no se definirá por épicas ni por victorias morales, sino por la capacidad real de articular fuerzas, reconstruir confianzas y asumir la complejidad del momento histórico.

El poder hoy se disputa en el terreno de la operatividad, la institucionalidad y la presión estratégica.

Quien no lo entienda corre el riesgo de quedarse en el discurso mientras otros ya están decidiendo el rumbo del país.

Desde el Instituto Progresista reafirmamos nuestro compromiso con el análisis riguroso, independiente y responsable de la coyuntura venezolana.

En contextos de alta complejidad y transformación acelerada, comprender los procesos en curso resulta tan relevante como participar activamente en su discusión pública.

El Instituto Progresista depende del apoyo de personas comprometidas con el análisis independiente y la construcción democrática. Si este trabajo te resulta valioso, te invitamos a contribuir para que podamos seguir investigando, publicando y generando propuestas para el país.

El proceso que el chavismo evita llamar “transición”, prefiriendo términos como “reconciliación” o “unidad nacional”, se mueve, en realidad, entre control político interno, apertura económica condicionada y presión social que comienza a reaparecer en las calles.

Vuelve la protesta

La sociedad retoma la protesta como espacio reivindicativo. El hecho más simbólico de la semana tuvo lugar el 23 de enero, fecha histórica para la democracia venezolana (retorno a la democracia luego del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958), que volvió a convertirse en termómetro político.

Familiares de presos políticos, sindicatos, estudiantes, gremios y dirigentes sociales salieron a protestar. No fueron movilizaciones masivas, pero sí significativas por su visibilidad en el contexto represivo.

Tras años de represión, migración y fragmentación, más que una recomposición, asistimos a la gestación de un nuevo tejido social. No es un retorno al pasado, sino el surgimiento de una estructura ciudadana cuya forma final aún es incierta. Cuando la sociedad reaparece, el poder se incomoda.

La narrativa de una “normalización” política se enfrenta ahora con una ciudadanía que intenta volver —aún incipientemente, pero con mayor atrevimiento— a reclamar el espacio público, no desde la subordinación, sino desde la demanda; no desde la nostalgia, sino desde una exigencia que apenas empieza a articular su propio lenguaje.

Hubo cierres parciales de vías, pancartas universitarias y protestas visibles en Caracas y otras ciudades del interior del país. La gente se reorganiza a pesar del miedo. Los medios de comunicación cubrieron nuevamente las protestas y los ciudadanos resilientes que actuaban en las sombras para denunciar los atropellos se exhiben nuevamente.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el primer semestre de 2025 hubo 1.249 protestas, 48 % menos que en 2024, debido al alto costo represivo. En contraste, la protesta vuelve a verse, y cuando se ve, el poder se incomoda.

Resulta de interés mencionar que algunos liderazgos de los partidos políticos de la oposición, como Andrés Velásquez y Alfredo Ramos, renuncian a la clandestinidad y vuelven al espacio del debate político público. Esto puede dar lugar a la reaparición de otros actores disidentes, aun sin tener claras las garantías de respeto a sus derechos civiles y políticos por parte de la cúpula chavista.

Derechos humanos y presos políticos

En materia de presos políticos y derechos humanos, la situación continúa siendo crítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA alertó esta semana sobre la existencia de cárceles clandestinas en Venezuela y pidió acelerar la liberación de los presos políticos como un imperativo humanitario.

Al mismo tiempo, se conocieron nuevos casos de desaparición forzada, como el del dirigente sindical Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien suma más de 50 días sin información oficial sobre su paradero, lo que vuelve a poner en evidencia el uso del encierro y la desaparición como herramientas de control político.

La temática de los derechos humanos es una herida abierta. Organismos internacionales han alertado sobre cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y el uso político del encarcelamiento. Las excarcelaciones no responden a una política humanitaria estructural, sino a una administración selectiva del encierro. Los presos funcionan como activos de negociación entre facciones del poder, no como sujetos de derechos.

El chavismo habla de paz y reconciliación en discursos transmitidos en medios oficiales mientras mantiene intacta la estructura represiva. Aún se encuentran más de 800 personas detenidas arbitrariamente en condiciones de aislamiento, torturas y procesos judiciales inexistentes.

Solo en esta semana fallecieron las madres de dos presos políticos que aguardaban el anunciado proceso de liberaciones “masivas”. Hasta la fecha, estas excarcelaciones solo han alcanzado a 191 personas, de acuerdo con datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cifra que contrasta con la urgencia de las familias que siguen esperando.

La contradicción entre discurso y práctica vuelve a quedar expuesta.

Sobre el petróleo y las relaciones con EE.UU.

En otro orden, el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela se ha articulado en los hechos alrededor del petróleo, la estabilidad y la seguridad regional. Aún no hay evidencias de acuerdos que den paso a una transición democrática; por el contrario, la prioridad actual es el blindaje de la inversión extranjera en materia petrolera.

La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, busca adaptar el marco legal hacia una liberalización profunda del sector, utilizando la apertura económica como instrumento principal de reconfiguración política.

El proyecto de ley, que consta de 18 artículos, representa una ruptura con el modelo de control estatal absoluto vigente desde 2006. Otorga facultades inéditas al sector privado, permitiéndole operar, comercializar y exportar crudo directamente, incluso como socio minoritario, asumiendo la gestión a su propio “costo y riesgo”.

Este cambio estructural se complementa con una agresiva flexibilización fiscal que permite al Ejecutivo reducir las regalías del 30 % base a pisos diferenciados: hasta 20 % en contratos con empresas privadas y hasta 15 % en el caso de empresas mixtas. Esquema similar se introduce para el impuesto de extracción.

El proyecto también incorpora un artículo que habilita mecanismos alternativos de resolución de controversias, como mediación y arbitraje independiente. Aunque no elimina la jurisdicción venezolana, abre la puerta a instancias arbitrales internacionales tras consultas previas con la Administración Trump.

A nivel institucional, la reforma sustituye la autorización parlamentaria por una simple notificación administrativa del Ejecutivo para la creación de empresas mixtas, otorgando discrecionalidad total a este poder público.

Si bien el objetivo es reactivar la producción en el bienio 2026–2027, el costo es elevado: se debilita el rol de PDVSA y se proyecta una caída drástica en los ingresos fiscales. El Estado sacrifica recaudación y soberanía operativa en favor de operatividad inmediata, planteando riesgos de inconstitucionalidad y dependencia a largo plazo.

Bajo este escenario, Estados Unidos busca administrar ventas, definir operadores y condicionar ingresos estratégicos. El chavismo acepta ese marco porque entiende que la estabilidad económica es hoy la base mínima de supervivencia política.

La transición que se perfila sigue siendo más económica que democrática: primero orden, luego política.

En el plano internacional, Washington continúa ordenando el tablero. Trump combina gestos de acercamiento con control estratégico, acelera la agenda energética y evita hablar de plazos claros para una transición democrática.

La prioridad es la estabilidad administrada, no el rediseño institucional profundo en el corto plazo.

La captura de Nicolás Maduro no abrió automáticamente un ciclo democrático. Abrió una etapa de administración política del Estado venezolano, donde Washington marca el ritmo, el chavismo se adapta para sobrevivir y la oposición democrática disputa legitimidad más que control real.

Este momento no puede leerse sin retroceder al 28 de julio de 2024. Aquel proceso electoral, marcado por irregularidades y el desconocimiento internacional, terminó de erosionar la legitimidad institucional del país. Desde entonces, el chavismo dejó de simular normalidad democrática y se concentró en preservar el poder mediante control, fragmentación interna y represión.

El 3 de enero de 2026 no es un punto de partida, sino la consecuencia de esa deriva. Venezuela entra ahora en una fase donde su destino se discute fuera de sus fronteras, con actores como Donald Trump y Marco Rubio señalando que el proceso electoral del 28 de julio de 2024 no fue legítimo. Esto no hace más que irrespetar la voluntad soberana del pueblo venezolano que se manifestó democráticamente ese día.

La administración Trump ha optado por un enfoque pragmático. Más que promover un quiebre inmediato, Estados Unidos impulsa una tutela política y económica centrada en estabilidad, control del aparato coercitivo y reactivación petrolera. La visita del director de la CIA a Caracas confirma esta lógica de cooperación en inteligencia, gobernabilidad y economía antes que de democratización acelerada. Washington privilegia el orden administrado sobre la épica democrática.

En ese marco, Delcy Rodríguez se consolida como el pivote interno del proceso. No como figura de transición democrática, sino como administradora del chavismo post-Maduro bajo supervisión internacional. Su discurso ante la Asamblea Nacional y sus gestos hacia Estados Unidos revelan un giro pragmático: reformas a la Ley de Hidrocarburos, apertura a la inversión extranjera, reordenamiento de PDVSA y creación de fondos financieros. El chavismo abandona dogmas ideológicos para abrazar una lógica de supervivencia política y económica.

En la agenda energética de esta semana también se vivió un momento revelador sobre el futuro petrolero de Venezuela. El intento de Donald Trump por atraer a las principales compañías petroleras mundiales a invertir en el país chocó con una dosis de realidad por parte de los ejecutivos. En un encuentro en la Casa Blanca con altos directivos, incluido el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, varios líderes empresariales dejaron saber que bajo las condiciones actuales Venezuela sigue siendo “no invertible”, debido a la falta de un marco legal claro, seguridad jurídica y estabilidad política, así como al legado de expropiaciones pasadas.

Trump respondió con dureza a estas advertencias, llegando incluso a señalar que las inversiones no se harían con Venezuela sino directamente con Estados Unidos, prometiendo protección y seguridad a las empresas bajo esa lógica. Esta dinámica expone que, aunque la administración estadounidense busca hacer del petróleo un instrumento de reconfiguración económica, las grandes petroleras no están dispuestas a comprometer capital significativo sin reformas profundas y garantías que vayan más allá de los anuncios presidenciales.

En el plano internacional, reaparece con fuerza la figura de Félix Plasencia, no como un diplomático estatal, sino como un operador político del chavismo. Plasencia mantiene un vínculo histórico con Delcy Rodríguez desde su etapa de formación en el Reino Unido y ha sido, desde entonces, una de sus fichas de mayor confianza.

Su trayectoria está marcada más por el madrinazgo político que por una carrera institucional clásica. Existen dos lecturas sobre su paso recurrente por distintos cargos. Para algunos es un ejecutor rápido, eficiente en cerrar tareas específicas y por eso rota con frecuencia; para otros, es removido por ineficiencia, pero siempre protegido por Delcy, lo que explica su permanente reaparición en la escena. En cualquiera de los casos, su presencia constante no responde a una lógica de Estado, sino a la del clan Rodríguez.

El rol de Plasencia en Washington no es diplomático en sentido estricto: es una forma de ingeniería política internacional destinada a vender una imagen de normalización sin desmontar la estructura autoritaria que sostiene al régimen.

Diosdado Cabello, lejos de desaparecer, se adapta. Su presencia junto a Gustavo González López en la reunión con el director de la CIA (ambos sancionados por violaciones a derechos humanos y señalados por vínculos ilícitos) revela que Washington no dialoga solo con tecnócratas, sino con quienes controlan efectivamente inteligencia, fuerzas coercitivas y estructuras armadas. Cabello no es un actor de transición, sino un garante del orden interno bajo presión internacional, necesario para evitar fracturas, sabotajes o desbordes violentos.

Un movimiento clave dentro de este reacomodo fue el ajuste ministerial que desplazó a Álex Saab del centro del poder económico. Saab no fue un funcionario más; fue pieza central de la arquitectura financiera del régimen. Su salida constituye además una señal directa hacia Washington al retirar del círculo de poder a una figura señalada internacionalmente por lavado de activos, lo que facilita el proceso de lavado de imagen institucional que hoy intenta proyectar el régimen bajo tutela externa.

En paralelo, la situación de los presos políticos sigue mostrando la lógica real del poder. Las excarcelaciones avanzan de forma lenta, selectiva y fragmentada. No hay una política humanitaria estructural, sino una administración política del encierro. En muchos casos, los detenidos responden a disputas internas del chavismo, donde distintas facciones controlan “sus” presos como activos de negociación.

En el ámbito opositor, la semana dejó ver dos planos distintos. Por un lado, María Corina Machado logró reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, pero no fue recibida como ella esperaba. No hubo foto oficial, no hubo declaración conjunta ni señales de que Washington la vea como conductora del proceso. Tras ese encuentro, su agenda se trasladó al Congreso y al Senado, donde sí obtuvo respaldo político, pero no control operativo.

Machado conserva un capital simbólico internacional importante y su liderazgo tiene apoyo nacional hasta el momento. Sin embargo, el proceso real se mueve en otras coordenadas.

Por otro lado, emerge con más claridad lo que puede denominarse una “oposición parlamentaria”, reflejada en la figura de Stalin González como jefe de esa fracción. Más allá de etiquetas, este sector ocupa hoy un espacio institucional reducido pero real. No controlan el poder, pero pueden disputar el relato, la legalidad y la visibilidad institucional.

En el fondo, todo el proceso gira alrededor del petróleo. Estados Unidos busca administrar ventas, definir operadores y condicionar ingresos estratégicos. Delcy acepta ese marco porque entiende que la estabilidad económica es la base mínima para cualquier supervivencia política.

El reacomodo actual es, por ahora, de mayor utilidad en lo económico que en lo democrático: primero orden, luego política

.

Venezuela entra en una fase de reacomodo interno del chavismo, mientras Washington define los ritmos y alcances del proceso de transición. Tanto desde el Ejecutivo, encabezado por Delcy Rodríguez, como desde el Poder Legislativo, presidido por Jorge Rodríguez, se ha evitado ratificar o amplificar las declaraciones y líneas políticas marcadas por Donald Trump. El objetivo inmediato parece ser proyectar una imagen de autonomía, control institucional y capacidad de maniobra frente a la presión internacional.

Paralelamente, Donald Trump anunció un esquema de tutelaje político sobre Venezuela, personificado en Marco Rubio, quien ha delineado las fases del proceso: estabilización, recuperación y una eventual transición democrática. Rubio ha sido explícito al señalar que no existen cronogramas preestablecidos y que este proceso podría extenderse durante años.

El petróleo se consolida como la columna vertebral de la negociación.

Estados Unidos asume un rol de administrador energético y socioeconómico estratégico, en un esquema que combina control financiero, tutela política y condicionalidades diplomáticas.

En este marco, los hermanos Rodríguez emergen como el eje central del poder interno. Delcy Rodríguez fue investida como presidenta tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró una “falta forzada”, evitando un proceso electoral. Jorge Rodríguez fue ratificado al frente de la Asamblea Nacional, mientras Diosdado Cabello insiste en preservar la narrativa del control militar. El régimen apuesta por ganar tiempo,administrar presiones y sostener su permanencia en el poder, al tiempo que intenta proyectar una cooperación pragmática ante Washington.

En medio de esta compleja reconfiguración del poder, Diosdado Cabello procura mantener un rol estratégico, pese a las limitaciones impuestas por Washington y la conducción política de los hermanos Rodríguez. Históricamente uno de los principales operadores del chavismo, Cabello ha logrado ubicar figuras de su confianza en posiciones clave del nuevo esquema. Un ejemplo inmediato fue la decisión de Delcy Rodríguez de destituir al mayor general Javier Marcano Tábata como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para designar al general Gustavo González López, militar cercano a Cabello, con amplia trayectoria en los organismos de seguridad del Estado y señalado por violaciones a derechos humanos, como nuevo responsable de estos aparatos clave de control interno.

Asimismo, Cabello impulsó la designación de Francisco Ameliach como representante ante el Consejo de Estado, un cargo que le permite actuar como enlace entre el Poder Legislativo y este órgano consultivo, coordinando la acción política oficialista en una etapa de marcada fragilidad institucional.

Las iniciativas legislativas de gran alcance impulsadas por el oficialismo, en un contexto de conmoción, fragilidad institucional y cuestionada legitimidad parlamentaria, plantean riesgos evidentes. La aprobación acelerada de reformas sin consulta amplia ni consenso nacional puede profundizar la inseguridad jurídica, incrementar la concentración del poder político y desviar la atención de las prioridades reales del momento: estabilidad política, gestión económica y administración del factor petrolero.

La discusión de un Código de Democracia Directa, la creación de estructuras de “poder popular” paralelas al Estado y propuestas penales de inspiración política, lejos de fortalecer la institucionalidad, pueden consolidar modelos de control social y dificultar cualquier proceso de transición creíble. La ausencia de un debate académico, social y político sólido agrava estos riesgos.

En el plano de derechos humanos, la situación de los presos políticos revela una dimensión crítica y poco visible de la coyuntura. Actualmente se estima que existen alrededor de 900 presos políticos en Venezuela. Se anunció públicamente que cerca de 400 serían excarcelados (lo cual no constituye libertades plenas, pues la mayoría de los casos continúan judicializados); sin embargo, hasta la fecha solo alrededor de 25 han sido beneficiados y se ha registrado un fallecimiento bajo custodia en 2026 (el primero de este año). Un elemento clave para comprender esta dinámica es que los presos políticos, en muchos casos, corresponden a disputas internas del chavismo, donde distintas facciones mantienen detenidos a actores específicos como parte de sus mecanismos de poder y control.

Este carácter fragmentado del sistema represivo explica la lentitud, resistencia y selectividad del proceso de excarcelaciones.

Fuera del centro operativo del proceso:

Mientras tanto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han quedado, por ahora, desplazados del centro operativo del proceso. Trump ha señalado que no considera a Machado como una figura adecuada para liderar la transición, postura respaldada por Marco Rubio. Aun así, Machado insiste en su disposición para conducirla, denuncia a Delcy Rodríguez como arquitecta del aparato represivo y agradece la iniciativa estadounidense, llegando incluso a ofrecer a Trump su Premio Nobel de la Paz.

No obstante, en los próximos días se espera que tanto María Corina Machado como Delcy Rodríguez viajen a Washington para reunirse con Trump, aunque no se sabe si coincidirán ni si habrá un encuentro directo entre ellas. Este hecho abre un nuevo espacio de definición estratégica: si Trump decide colocar a Machado al mismo nivel que Rodríguez en la agenda de diálogo, podría legitimar su protagonismo; si, por el contrario, prioriza a Delcy Rodríguez, Machado quedaría relegada a un rol secundario en la definición del rumbo político del país.

Adicionalmente, se ha informado que Delcy Rodríguez sostendrá una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, lo que introduce un elemento regional relevante y sitúa la relación bilateralColombia–Venezuela en el centro de los próximos movimientos diplomáticos, con implicaciones directas para la articulación política del proceso venezolano.

Se mantiene, así, una tensión constante entre legitimidades políticas, control fáctico del poder y tutela internacional. Venezuela atraviesa un escenario inédito en el que convergen el reacomodo interno del poder chavista, la tutela geopolítica externa, tensiones militares latentes, fragilidad institucional y una compleja disputa por la legitimidad política. El petróleo se consolida como eje de financiamiento y negociación; la transición se perfila, por ahora, más económica que política; los riesgos de retrocesos democráticos, abusos y centralización del poder persisten; y la reconstrucción institucional dependerá tanto de los actores internos como del diseño, alcance y límites de la intervención internacional.

Cayó el dictador, pero no la dictadura. El chavismo funciona como una superestructura. Quitar algunas piezas puede generar desestabilización, pero el verdadero desafío es comprobar si esa estructura mantiene su cohesión a la luz de los hechos ocurridos en las últimas horas.

La oposición, por su parte, no logró construir una alternativa política real ni unificarse en un bloque sólido capaz de asumir una transición en el momento en que la coalición dominante mostró signos de fractura. María Corina Machado asumió que Trump sacaría a Maduro para entregarle el poder. Sin embargo, Trump terminó negociando con quien pudiera ofrecerle lo que realmente buscaba en términos energéticos y de influencia geopolítica. En ese cálculo, parece que resulta indiferente si ese acceso lo garantiza Delcy Rodríguez o Edmundo González Urrutia, María Corina Machado o Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o cualquier otro actor del poder.

Conviene poner las cosas en perspectiva. Estados Unidos es un país energéticamente autosuficiente. El petróleo venezolano es atractivo, pero no indispensable. Venezuela se inserta, más bien, en una disputa geopolítica de mayor escala.

En ese contexto, Washington ha trazado una hoja de ruta orientada a preservar su primacía global. El núcleo de la estrategia de seguridad nacional de Trump apunta a impedir que potencias externas consoliden presencia militar o controlen activos estratégicos en el hemisferio occidental. Dicho de otra forma, busca reducir el margen de influencia de China en la región.

Mientras el país intenta retomar una aparente normalidad, mañana 5 de enero se instala la Asamblea Nacional para el período 2025–2030.

En este nuevo Parlamento habrá una presencia limitada de dirigentes del espectro opositor que, convencidos de que la política también se disputa desde los espacios institucionales, han optado por participar.

En paralelo, se ratificará a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (abiertamente subordinado al chavismo) que ayer declaró una supuesta falta temporal de Nicolás Maduro. Según la narrativa oficial, dicha ausencia se debe a que el mandatario estaría secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos.

Si analizamos esto como el inicio de un periodo de transición, este escenario no implica necesariamente una ruptura del régimen, sino un proceso de reacomodo interno del poder. Solo el tiempo dirá si esta llamada transición abre una fase de liberalización política capaz de conducir, eventualmente, a una verdadera democratización. Queda por ver si ello permitirá sentar las bases de elecciones libres y competitivas (en las que María Corina Machado se posicionaría) y si, a partir de allí, se consolida en Venezuela un gobierno alineado con Washington.

Un ejemplo histórico de liberalización política en Venezuela fueron los períodos de Eleazar López Contreras (1935–1941) e Isaías Medina Angarita (1941–1945). Tras la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez (1908–1935), ambos gobiernos hicieron posible una compleja transición hacia un orden más plural, permitiendo la disidencia política, la liberación de presos políticos y la legalización de agrupaciones políticas.

La experiencia acumulada de la política exterior de Estados Unidos muestra que los intentos de promover cambios de régimen por la vía de la presión militar o la intervención directa suelen generar efectos contrarios a los esperados. Décadas de intervención no lograron construir un Estado funcional en Afganistán; Libia derivó en un Estado fragmentado y las secuelas de la guerra de Irak continúan evidenciando los altos costos políticos que ha debido pagar Estados Unidos. Estos antecedentes refuerzan la idea de que la imposición forzada de transformaciones políticas rara vez produce estabilidad duradera. En América Latina, los intentos de intervención en países como Cuba, Nicaragua, Guatemala o Chile dejaron huellas profundas que aún condicionan política y culturalmente a la región.

En ese marco, la Administración Trump tampoco ha ofrecido una explicación coherente y estructurada sobre sus acciones en Venezuela. Su primera intervención pública sobre el tema pareció dirigida, más que al sistema internacional, a su base política interna (MAGA): un discurso centrado en el petróleo, en la narrativa de fortaleza nacional y en la exhibición de la supremacía estadounidense.

No es de extrañarse que después de las declaraciones sobre lo sucedido en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos anunciase la necesidad de tener el control sobre Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Es lógico que este tipo de declaraciones generen preocupación en los países de la región, pues tocan directamente el principio de soberanía nacional. Mucho se ha debatido y opinado desde fuera del conflicto venezolano sobre la soberanía del país y el interés histórico de los Estados Unidos en nuestros recursos naturales. Pretender que los venezolanos no comprendamos los riesgos que esto implica es subestimar una experiencia colectiva marcada por 26 años de despilfarro de la renta petrolera, utilizada para sostener un proyecto político que comenzó con Hugo Chávez y que terminó destruyendo la industria petrolera, la autosuficiencia energética y políticas sociales fundamentales como la educación y la salud pública de calidad, pilares del período democrático en el que Venezuela fue referencia regional.

Las declaraciones de Donald Trump, por tanto, inquietan y obligan a un análisis más profundo del contexto venezolano, que no admite lecturas simplistas ni miradas unidimensionales. Desde el 3 de enero se ha abierto un proceso político aún incierto, que todo indica no será rápido ni sencillo, y que debe ser evaluado desde múltiples aristas políticas, institucionales y geopolíticas.

Frente a este escenario, surgen preguntas inevitables para la oposición venezolana. Si Donald Trump no es precisamente percibido como un referente democrático, ¿qué nos lleva a pensar que todo este proceso tenga como objetivo final la democratización de Venezuela?

También es importante evaluar el accionar de la oposición institucional encabezada por el excandidato presidencial Henrique Capriles en este contexto. Los hechos nos dirán si se trata de una estrategia política válida o de una adaptación forzada a un tablero diseñado por otros.

Amanecerá y veremos.