Editorial: La transición en disputa.
Editorial elaborado por el equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información pública disponible hasta el 9 de marzo de 2026 sobre la situación en Venezuela.
Venezuela atraviesa una fase de transición política abierta desde el 3 de enero, fecha que marcó una ruptura significativa con el orden anterior tras la extracción de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos y el inicio de una nueva dinámica bajo fuerte presión, supervisión y tutelaje norteamericano. Este hecho, sumado a la liberación parcial de presos políticos, la promulgación de la Ley de Amnistía y la reactivación limitada de algunos espacios cívicos, constituye señales claras de que el sistema político comenzó a moverse. No se trata aún de una transición consolidada, pero sí de un momento en el que las reglas del juego están siendo discutidas y ajustadas.
El escenario actual muestra una liberalización parcial; sin embargo, el aparato estatal y militar no ha colapsado ni ha sido sustituido. El poder conserva capacidad de reorganización. Esto sitúa al país en una transición en disputa, no en una democratización automática. El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas internas, del rol de la oposición y de la capacidad de negociación que logre desarrollarse.
Desde el Instituto Progresista advertimos que, a partir de estos hechos, existen dos trayectorias posibles. La primera es la reorganización del régimen bajo una lógica pragmática: aceptación de acuerdos energéticos y comerciales con Estados Unidos, estabilización económica e implementación de reformas limitadas sin alterar de fondo la estructura de poder. En ese escenario, el resultado sería un autoritarismo reconfigurado, con mayor capacidad de operar en mercados financieros y con una apertura cívica restringida, pero sin alternancia real.
La segunda trayectoria es el retorno democrático, que implicaría una reinstitucionalización profunda del Estado, acuerdos políticos amplios, garantías para los actores del poder saliente, reconstrucción de legitimidad interna y convocatoria a elecciones libres y verificables. Este escenario exige presión democrática sostenida y negociación estratégica, no sólo expectativa de cambio.
Otro rasgo que vuelve a confirmarse en esta etapa es la capacidad del régimen para administrar el tiempo político mediante ajustes calculados que aparentan cambio sin alterar el núcleo del poder. El chavismo ha demostrado durante años una habilidad particular para dosificar concesiones, ofrecer pequeños sacrificios tácticos y presentar esos movimientos como reformas sustantivas, especialmente bajo la mirada de la comunidad internacional y, ahora, bajo la presión y supervisión de Estados Unidos. Un ejemplo reciente es el movimiento institucional ocurrido en torno al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó su renuncia y, pocos días después, fue designado como defensor del pueblo interino (figura que en el derecho comparado se conoce como ombudsman). Más que una ruptura, el episodio se asemeja a un “enroque” en términos de ajedrez: una maniobra defensiva que reorganiza las piezas sin cambiar la estructura del tablero ni la lógica del control institucional.
La designación de Larry Devoe Márquez como fiscal general encargado refuerza esa lectura. Devoe no es una figura técnica neutral surgida de un consenso institucional, sino un funcionario estrechamente vinculado al núcleo político del poder. Durante años se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha funcionado como plataforma del gobierno para responder a críticas internacionales y cuestionar informes de organismos multilaterales. Además, ha participado en diversas delegaciones oficiales en foros internacionales y en espacios de negociación política, consolidándose como un operador jurídico y diplomático de confianza del círculo de Delcy Rodríguez. Su trayectoria muestra un perfil especializado en la defensa discursiva del régimen ante instancias como el sistema de Naciones Unidas, particularmente frente a cuestionamientos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Leído en conjunto, el movimiento Saab-Devoe ilustra la lógica que el chavismo ha utilizado repetidamente para navegar momentos de presión: reacomodar figuras, preservar lealtades y proyectar una imagen de ajuste institucional sin alterar la arquitectura real del poder. En contextos de negociación o supervisión internacional, estas maniobras permiten al régimen mostrar flexibilidad táctica mientras mantiene intactos los centros efectivos de decisión.
La transición como proceso, no como evento.
Las transiciones políticas no son hechos, son procesos complejos y, casi siempre, llenos de tensiones e incertidumbre. Pensar que el restablecimiento pleno de los derechos y la celebración de elecciones libres puede producirse de forma inmediata es desconocer la naturaleza misma de estos procesos. En muchos casos, una transición solo avanza cuando actores que antes parecían incapaces de cambiar terminan participando en acuerdos y decisiones que abren espacio para la transformación. Negarse a aceptar esa posibilidad —o insistir en que cualquier negociación es imposible— no sólo ignora la realidad política, sino que puede terminar boicoteando o incluso saboteando las conversaciones que, inevitablemente, deben ocurrir.
En ese contexto, la oposición venezolana enfrenta un desafío estratégico. Más que mantenerse al margen, debería involucrarse de manera activa y propositiva en la estrategia que Estados Unidos ha planteado para Venezuela, organizada en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Respaldar o participar en este enfoque no implica renunciar a los principios democráticos. Significa reconocer que los cambios políticos suelen avanzar por etapas.
La clave, en definitiva, no está en esperar el momento perfecto, sino en incidir estratégicamente en cada fase del proceso para que el resultado final sea una Venezuela democrática, institucional y estable.
Contactos discretos: señales de interlocución política.
Casi al mismo tiempo a estos movimientos institucionales, también comienzan a registrarse señales de interlocución política menos visibles. En días recientes se produjo un encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y un grupo de académicos, dirigentes sociales y figuras públicas vinculadas a distintos espacios de la sociedad venezolana. Aunque no se trató de una negociación formal ni de un proceso estructurado de diálogo político, la reunión permitió discutir temas como la recuperación de libertades civiles, reformas electorales, condiciones institucionales para futuros procesos electorales y la necesidad de reconstruir consensos mínimos para la estabilidad del país. Más allá de los resultados concretos, este tipo de encuentros refleja que distintos actores comienzan a explorar canales de conversación en un escenario donde el conflicto político aún no se ha resuelto, pero donde la búsqueda de salidas negociadas empieza a reaparecer en la agenda pública.
La oposición y su complejidad interna.
En este punto, el papel de la oposición es determinante y debe analizarse en su complejidad. La oposición venezolana no es homogénea. Existe un bloque mayoritario con legitimidad electoral derivada de las elecciones del 28 de julio de 2024, liderado por María Corina Machado y los partidos que permanecen en la Plataforma Unitaria. Este sector representa una fuerza política significativa.
Paralelamente, opera una oposición desde la institucionalidad, representada por la fracción Libertad en la Asamblea Nacional, integrada por once diputados liderados por Henrique Capriles y Stalin González. Aunque numéricamente reducida y con legitimidad cuestionada esta fracción dispone de un instrumento estratégico fundamental: la legalidad institucional.
Cualquier proceso serio de reinstitucionalización —tutelado o no— requiere un revestimiento jurídico, y ese marco necesariamente pasa por la Asamblea Nacional. Las reformas, garantías y acuerdos que busquen transformar el sistema deben transitar por el Parlamento para asegurar la sostenibilidad institucional. La discusión de la Ley de Amnistía evidenció que, aun con limitaciones, existe margen de incidencia parlamentaria mediante consultas con víctimas, comités por la liberación de presos políticos, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Aunque no se incorporaron todas las propuestas, el proceso demostró que el espacio institucional puede funcionar como canal de influencia dentro de la transición.
La transición venezolana, por tanto, no se define únicamente por la presión internacional o por los movimientos del poder oficial, sino también por la capacidad de las distintas oposiciones de recomponerse estratégicamente y actuar de forma coordinada. Si la fragmentación persiste, el riesgo de estabilización autoritaria adaptada es alto. Si, en cambio, se logra articular una agenda común orientada a la reinstitucionalización, la liberalización podría evolucionar hacia un proceso democrático real.
María Corina Machado y la recomposición opositora.
María Corina Machado, pese a su alta popularidad y legitimidad electoral, ha quedado parcialmente marginada del proceso político. Su inclusión en esfuerzos diplomáticos no implica necesariamente que Estados Unidos respalde su liderazgo interno como pieza central de la dinámica actual.
Para el oficialismo, Machado representa una línea roja difícil de aceptar. La oposición mayoritaria que encarna fue el principal bloque en la disputa electoral de 2024, pero las restricciones institucionales muestran que su incorporación plena al nuevo esquema político sigue siendo conflictiva. Su exclusión podría formar parte de acuerdos tácitos orientados a preservar percepciones de control tras la captura de Maduro.
En ese contexto surge la figura de Enrique Márquez, exrector del CNE y excandidato presidencial. Tras haber sido preso político y posteriormente liberado este 2026, su perfil moderado y trayectoria menos polarizante lo han convertido en un actor observado por sectores externos como potencial interlocutor pragmático. Sin embargo, la atención mediática o internacional no se traduce automáticamente en liderazgo interno ni en capacidad real de construir acuerdos sostenibles.
La oposición deberá gestionar su diversidad interna con realismo. La exclusión de Machado limita la incorporación del sector con mayor respaldo social, pero tampoco invalida el rol de liderazgos moderados en un eventual proceso de reinstitucionalización. No obstante, construir acuerdos sólidos exige tiempo, estrategia clara y cohesión, no solo visibilidad internacional.
Un liderazgo democrático requiere negociación interna, credibilidad social y capacidad de articular una agenda común. Sin estos elementos, el riesgo de fragmentación o de consolidación de ventajas oficiales sigue siendo elevado.
El rol estratégico de la sociedad civil.
La sociedad civil ha emergido como un actor con potencial de incidencia, aunque enfrenta limitaciones estructurales. La discusión de la Ley de Amnistía constituyó un momento inédito, ya que organizaciones de derechos humanos, comités de víctimas y asociaciones civiles participaron directamente en espacios de consulta ante la Asamblea Nacional.
Este acceso representó una señal de apertura en una dinámica históricamente cerrada por represión, restricciones financieras y marcos legales restrictivos. Además, la fracción Libertad actuó como canal receptor de propuestas ciudadanas, demostrando que, aun con pocos escaños, existe una rendija institucional para transmitir demandas sociales.
La reinstitucionalización no puede concebirse sin la participación activa de la sociedad civil organizada. Su rol no se limita a proponer leyes, sino que incluye vigilancia, presión por cumplimiento de compromisos y seguimiento de garantías. Sus demandas abarcan amnistía, verdad, reparación y justicia transicional.
Asimismo, la diáspora venezolana constituye una extensión relevante del actor social, con capacidad técnica, recursos y vínculos internacionales que pueden fortalecer la presión democrática.
Sin embargo, la experiencia reciente también muestra límites. La Ley de Amnistía fue criticada por falta de transparencia y por no incorporar plenamente todas las propuestas. Esto evidencia que la participación aún no está garantizada estructuralmente y que el acceso puede seguir condicionado por dinámicas de poder.
En esta etapa, la sociedad civil cumple un doble papel: canalizar demandas concretas y ejercer vigilancia constante. Para que su incidencia sea efectiva, la apertura institucional debe ser permanente y no meramente simbólica.
El factor Washington.
Un elemento adicional que confirma la dimensión internacional de este proceso fue el anuncio realizado el 7 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que su administración ha reconocido formalmente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y ha restablecido relaciones diplomáticas y consulares con Caracas. El anuncio, realizado durante la cumbre “Escudo de las Américas”, consolida el nuevo marco de cooperación política y energética entre ambos países y refuerza el esquema planteado por Washington para el proceso venezolano, estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. Más allá del gesto diplomático, este reconocimiento formal confirma que la evolución política venezolana se encuentra estrechamente vinculada a la estrategia geopolítica de Estados Unidos, particularmente en materia energética y de seguridad regional.
Sin embargo, este reconocimiento difícilmente puede interpretarse como un intento de reintegrar plenamente a Venezuela en el sistema internacional tal como ha funcionado en las últimas décadas. Más bien parece responder a una lógica pragmática de estabilización política y cooperación estratégica. En ese sentido, no sería razonable esperar que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez impulse en el corto plazo un retorno a espacios multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Paradójicamente, en este punto pueden coincidir los intereses del actual liderazgo chavista y la política exterior de Donald Trump, quien ha mostrado reiteradamente escepticismo hacia los organismos multilaterales tradicionales. Esta convergencia sugiere que la etapa actual de la transición venezolana podría desarrollarse más en función de acuerdos bilaterales de poder que de una reinserción plena en las organizaciones internacionales existentes.
El Nuevo Paradigma Petrolero en Venezuela.
La aprobación en segunda discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el pasado 29 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico y el inicio de una era pragmática para la industria petrolera venezolana. Este nuevo marco legal, compuesto por 80 artículos, no es simplemente una actualización técnica; representa una capitulación formal ante las realidades de un mercado que exige garantías que el Estado venezolano ya no puede ofrecer por sí solo. Al permitir que las empresas privadas asuman la “gestión técnica y operativa” de los proyectos —una facultad históricamente reservada a PDVSA—, la ley intenta desmantelar el modelo de control estatal absoluto para dar paso a un esquema donde el capital internacional dicta el ritmo de la producción.
Esta apertura se sustenta en una flexibilización fiscal sin precedentes que busca aliviar la asfixia financiera de los proyectos. La sustitución de diversas contribuciones parafiscales y tributos municipales por un impuesto integrado de hasta el 15% sobre ingresos brutos (por hidrocarburos extraídos), sumado a un techo de regalías del 30% que el Ejecutivo puede reducir discrecionalmente hasta el 0% según la rentabilidad y los criterios de inversión de cada proyecto, convierte a Venezuela en un destino teóricamente competitivo.
Sin embargo, es precisamente esta “discrecionalidad” la que genera las primeras grietas en la confianza de los inversores. Al no existir reglas fijas y depender de negociaciones directas con el Ministerio de Petróleo o la Presidencia de la República, persiste el riesgo de condiciones desiguales entre actores, lo que, sumado a la falta de publicación de estados financieros de PDVSA desde 2016, mantiene una sombra de opacidad sobre la rendición de cuentas.
En los meses transcurridos hasta la actualidad, la presión de la administración Trump ha sido el motor fundamental de estos cambios. Tras su intervención en la dinámica política venezolana y la reunión que ha sostenido con las transnacionales petroleras, el mandatario estadounidense les ha planteado a estas empresas que inviertan de inmediato unos 100.000 millones de dólares para aumentar la producción, destinar buena parte de ese petróleo a Estados Unidos y transformar el mapa geopolítico de la energía, en aras de desplazar la influencia de China, Rusia e India.
No obstante, el choque entre la retórica política de Washington y la realidad empresarial ha sido evidente. Mientras Chevron ha aprovechado su infraestructura previa para consolidarse como el principal beneficiario (proyectando un aumento de 150.000 barriles diarios en el corto plazo), en su mayoría otras transnacionales como ExxonMobil ven más riesgos que posibilidades sobre este planteamiento, y han sido tajantes al calificar al país como “uninvestable” (no apto para la inversión). Para estas empresas, el grave deterioro de los yacimientos requiere una importante instalación tecnológica y amplia inversión económica a la largo plazo, dado que la situación política actual y su porvenir no parece aún terminar de generar confianza y garantías suficientes sobre la estabilidad jurídica que requieren.
A pesar de estas reticencias, el gobierno de EEUU desde el Departamento del Tesoro ha enviado nuevas señales claras a las petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela mediante la flexibilización de sanciones, otorgando nuevas licencias o permisos de comercialización pero con condiciones y prohibiciones específicas, que obligan a que los pagos pasen por cuentas controladas en Qatar. Esta medida, aunque garantiza que los fondos no se desvíen y es una especie de garantía adicional para las empresas, es también un recordatorio de quién realmente fija las reglas del juego.
En este contexto, empresas como Repsol, Eni y Maurel & Prom observan con cautela cómo la reforma les permite ahora comercializar directamente el crudo, eliminando la dependencia de PDVSA para las ventas, pero enfrentándose al dilema de operar en un país donde la infraestructura requiere una cirugía reconstructiva profunda de al menos 10.000 millones de dólares anuales para recuperar niveles de producción y competitividad.
De cara al futuro inmediato, los retos que restan son tan estructurales como políticos. El principal obstáculo sigue siendo la exigencia de que PDVSA mantenga el 51% de las acciones en las empresas mixtas; un socio que carece de capital obliga al inversor privado a asumir la totalidad del riesgo financiero, encareciendo cualquier proyecto.
Asimismo, la controversia sobre el arbitraje internacional permanece en un limbo jurídico, pues la Constitución venezolana ordena resolver contratos de interés público en tribunales nacionales, lo que genera una inseguridad jurídica latente para las inversiones a 20 o 30 años. Sin una democratización clara en el horizonte y con una estructura estatal frágil, el éxito de esta nueva ley en materia energética dependerá de si Venezuela puede convencer al mundo de que estas nuevas reglas del juego sobrevivirán más allá de la coyuntura de la presidencia de Trump.
Conclusión
La Ley de Amnistía, la Ley de Hidrocarburos y las demás reformas que se adopten en esta etapa difícilmente serán perfectas ni lograrán satisfacer las expectativas de la mayoría de los venezolanos. Es probable que muchas de ellas nazcan en medio de tensiones, concesiones y equilibrios políticos propios de un momento de transición.
Sin embargo, su valor debe entenderse dentro del contexto en el que surgen: como instrumentos para abrir camino hacia un nuevo marco político. Una vez restablecida la democracia y fortalecidas las instituciones, estas normas podrán ser revisadas, corregidas o modificadas dentro de un entorno institucional sólido, democrático y plenamente legítimo.
Venezuela no está aún ante una democracia en construcción, sino ante una disputa abierta por el sentido de la transición. El régimen intenta reorganizarse; la sociedad busca recuperar derechos; la oposición trata de recomponerse; y la comunidad internacional observa con cautela. El desenlace no está escrito. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá menos de las narrativas y más de la capacidad de los actores democráticos de actuar con inteligencia estratégica, evitar la fragmentación y convertir la apertura limitada de hoy en una verdadera transformación institucional mañana.
Desde el Instituto Progresista reafirmamos nuestro compromiso con el análisis riguroso, independiente y responsable de la coyuntura venezolana. En contextos de alta complejidad y transformación acelerada, comprender los procesos en curso resulta tan relevante como participar activamente en su discusión pública. El Instituto Progresista depende del apoyo de personas comprometidas con el análisis independiente y la construcción democrática. Si este trabajo te resulta valioso, te invitamos a contribuir con una donación para que podamos seguir investigando, publicando y generando propuestas para el país. Tu aporte es clave para sostener este esfuerzo.